En una nueva escalada de tensiones entre el gobierno federal y autoridades locales demócratas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, deberían estar en prisión por no garantizar la seguridad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
«¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!», escribió Trump este miércoles, 8 de octubre, en Truth Social.
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La controversia surge en el contexto de la operación “Midway Blitz”. Se trata de una campaña federal que ha intensificado las detenciones de migrantes en zonas de alta población latina.
Las redadas han provocado protestas diarias frente a centros de detención, donde activistas intentan bloquear el paso de vehículos oficiales.
En algunos casos, se han reportado enfrentamientos con lanzamiento de objetos, lo que ha llevado a Trump a calificar la situación como una “zona de guerra” y justificar el despliegue de más de 700 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES DE CHICAGO?
Tanto Johnson como Pritzker han rechazado públicamente la intervención militar, calificándola de autoritaria y peligrosa.
El gobernador incluso presentó una demanda para bloquear el despliegue, argumentando que Trump utiliza las tropas como herramienta política para castigar a sus opositores.
Por su parte, el alcalde Johnson respondió que “esta no es la primera vez que Trump intenta que arresten injustamente a un hombre negro”. Esto, en referencia a su propia figura como líder afroamericano en los Estados Unidos.
Por tanto, era de esperarse que las declaraciones de Trump fueras criticadas por las autoridades demócratas. En concreto, porque a juicio de las mismas rompe con las normas tradicionales de independencia entre el poder ejecutivo y el sistema judicial.
Aunque ni Johnson ni Pritzker enfrentan cargos penales, el presidente ha insistido en que deberían ser encarcelados por lo que considera una “incapacidad” para controlar el crimen y proteger a los agentes federales.
