Insisten en que colegios «no deberían pagar» el tributo del 9% para el Fondo de Pensiones

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín 3 Min de Lectura
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Gustavo García, profesor universitario y vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), insistió este martes en que las instituciones educativas no deberían pagar el impuesto para el Fondo de Pensiones.

García aclaró que no está de acuerdo en que el sector educativo pague el tributo de 9% para el Fondo de Pensiones. El docente aclaró que el impuesto es excesivo para estas instituciones, puesto que la mayor parte de los gastos son remuneraciones.

«Somos instituciones sin fines de lucro que tratan de hacer presupuestos que terminan en cero después del proceso. Hay poco que sacrificar para obtener el tributo y al final el costo se desvía a las familias», expuso en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

García señaló que la UCAB ya hizo una solicitud formal al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para que las instituciones educativas queden fuera del impuesto para el Fondo de Pensiones.

«SE HA VIOLENTADO LA NORMATIVA»

Nancy Hernández, miembro del consejo directivo de Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), compartió la posición de García y aclaró que las instituciones educativas «no desarrollan actividades económicas».

«Se ha violentado la normativa y el Estado ha evadido su responsabilidad como garante del derecho a la educación» añadió. Por tanto, consideró que las instituciones educativas no deberían estar sujetas al impuesto del Fondo de Pensiones.

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La Asamblea Nacional electa en el 2020, controlada por el chavismo, aprobó esta ley hace pocas semanas. Foto: Archivo

Hernández alertó que varias instituciones no podrían soportar el gasto que ameritará el nuevo Fondo de Pensiones. Para la especialista, esta medida del chavismo podría generar el cierre de varios colegios privados.

Para el profesor García, este nuevo impuesto hace «poco favor» a las instituciones educativas. En tal sentido, alertó que podría generar varios problemas a largo plazo, como precarizar los empleos y generar una crisis de pago en el sector.

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