La Corte Suprema de Estados Unidos fijó el próximo el 5 de noviembre como fecha clave para debatir la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump, bajo la Ley de Emergencias Económicas de 1977.
La convocatoria surge ante una solicitud urgente de la administración, que busca determinar si el presidente tiene el respaldo legal para aplicar la mayoría de los gravámenes sobre productos importados.
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Como se sabe, la polémica comenzó cuando Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) para respaldar un extenso paquete de aranceles.
A principio de septiembre, Trump, apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revertir un fallo judicial que declaró ilegales varios de sus aranceles globales.
Como se informó en aquella oportunidad, la decisión del tribunal de apelaciones sostuvo que Trump excedió su autoridad al utilizar la IEEPA para imponer tarifas comerciales de forma indefinida.
Esta ley, diseñada para situaciones excepcionales, no otorga facultades amplias para aplicar aranceles sin límite temporal, según el fallo.
En tanto, la apelación presentada busca que el máximo tribunal revise el caso con urgencia. La administración Trump había solicitado una “moción de agilización” para que la Corte decidiera antes del 10 de septiembre si aceptaba el caso, con el objetivo de escuchar los alegatos en noviembre y así ocurrió.

«EVITAR UNA CATÁSTROFE ECONÓMICA»
“Lo que está en juego en este caso no podría ser más importante”, dijo el procurador general de los Estados Unidos, D. John Sauer, en una presentación escrita.
Sauer argumentó que los aranceles han promovido “una prosperidad económica sin precedentes” y que revocar esta autoridad expondría al país a represalias comerciales y riesgos económicos graves.
“El presidente y su gabinete han determinado que los aranceles están promoviendo la paz y una prosperidad económica sin precedentes, y que la denegación de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas eficaces y empujaría a Estados Unidos de nuevo al borde de la catástrofe económica”, enfatizó.
DOS CONJUNTOS DE ARANCELES
El caso se centra en dos conjuntos de aranceles. El primero afecta a todos los países, con tarifas que alcanzan hasta un 34 % para China y un mínimo del 10 % para otras naciones.
El segundo conjunto impone un arancel del 25 % a productos provenientes de Canadá, México y China. Este fue justificado por la administración como una medida para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Cabe destacar que los aranceles sobre vehículos, acero y otros bienes no están incluidos en el fallo, ya que se aplicaron bajo otra legislación.
¿QUIÉNES DEMANDARON?
El fallo del tribunal de apelaciones se deriva de dos desafíos. Uno presentado por cinco pequeñas empresas que importan bienes, incluido un importador de vinos y licores de Nueva York y un minorista de pesca deportiva en Pensilvania.
La otra fue presentada por 12 estados de EEUU. Estos son: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont, la mayoría gobernados por demócratas.
POSIBLES CONSECUENCIAS
El gobierno advirtió que, en caso de que se eliminen los aranceles impuestos por Trump, podría verse obligado a reembolsar parte de los impuestos de importación ya recaudados. Esto representaría un fuerte impacto para el Tesoro estadounidense.
Los ingresos provenientes de los aranceles alcanzaron los $159.000 millones en julio, más del doble de lo registrado en el mismo mes del año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia había advertido ante la corte de apelaciones que anular dichos aranceles podría representar una “ruina financiera” para Estados Unidos.