El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, impulsa un proyecto de ley con el que los migrantes que hayan sido condenados por delitos capitales (que incluye asesinatos, violación de menores y tráfico de sustancias controladas), enfrenten la pena de muerte de manera “automática” y “obligatoria”.
La propuesta despierta desacuerdos entre republicanos, demócratas y aquellos conocedores de la ley que la tildan de inconstitucional.
Se trata de un proyecto de ley que asegura que el tribunal “condenará a muerte a un acusado que sea extranjero no autorizado” y que haya sido declarado culpable de un delito capital. Esto limita el margen de decisión del juez o un jurado, condenando a todos por igual sin analizar las individualidades de cada caso. Sin tener en cuenta factores “agravantes” y “atenuantes” en el proceso.
Estos proyectos de ley impulsados por DeSantis darían luz verde a que los tribunales apliquen la pena máxima a inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales. Pero también se extiende para aquellos que sean miembros de bandas delictivas.
COMBATIR LA MIGRACIÓN ILEGAL
En un memorando dirigido a los legisladores del estado, el presidente del Senado, el republicano Ben Albritton y el presidente de la Cámara, Danny Pérez, aseguraron que el propósito principal de aprobar estas leyes era “combatir la inmigración ilegal”, según reseñó el medio español, El País.
“Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito capital, incluido el asesinato o la violación de un menor. La pena de muerte es obligatoria”, sostuvieron.
Por su parte, Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en inglés); compartió con el mencionado medio español la carta enviada al Comité de Asignaciones del Senado de Florida.
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El texto asegura que este proyecto de ley ataca directamente la 6ª Enmienda. Al eliminar “el derecho a un juicio con jurado en una sentencia capital”.
Asimismo, exige que un tribunal imponga una sentencia de muerte “obligatoria de manera inmediata”. Considera esto “constitucionalmente inadmisible”, ya que conlleva la anulación de 50 años de precedentes legales establecidos por el Tribunal Supremo de EEUU.
El nuevo proyecto también propone convertir en un delito menor la permanencia en el Estado de inmigrantes indocumentados mayores de 18 años. Esto “después de entrar en los Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o inspección de los oficiales de inmigración”.
Las personas que incurran en este delito deben pagar nueve meses de cárcel, y a los reincidentes los condenaran a un año y un día de prisión. Asimismo, establece penas mínimas obligatorias de hasta cinco años por regresar al Estado después de haber recibido la orden de abandonarlo.
