Una coalición de grupos defensores de migrantes, liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles, impuso la primera demanda contra las restricciones para las solicitudes de asilo en EEUU, las cuales fueron adoptadas recientemente por el presidente de este país, Joe Biden.
En concreto, la demanda es en contra de la Administración del mandatario demócrata por la orden ejecutiva sobre el mencionado tema.
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Estos grupos demandantes alegaron que la medida, que significa solo otorgar asilo a aquellas personas que puedan conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, es «totalmente incoherente» con la ley de asilo que promulgó el Congreso de EEUU.
Sin embargo, abogados de migración consultados por la Voz de América (VOA), dudan que la demanda pueda detener o revocar la orden ejecutiva de Biden.
«Estas demandas van a tomar tiempo como está pasando con la SB4, en Texas. Realmente es un proceso que se puede demorar un año o año y medio. Sin embargo, yo no le veo mucha viabilidad», señaló Héctor Quiroga, abogado de inmigración.
MEDIDAS DE BIDEN
Vale recordar, que Biden anunció y confirmó la semana pasada que se limitará el asilo a migrantes irregulares en su frontera con México.
Durante una rueda de prensa, el mandatario demócrata enfatizó que los migrantes solo podrán recibir asilo en la frontera sur si lo hacen de una forma legal.
De acuerdo con el comunicado compartido con la prensa el pasado martes, las nuevas disposiciones «no son permanentes» y se suspenderán cuando el número de cruces irregulares sea «lo suficientemente bajo». Así como el mismo permitan el procesamiento seguro y “eficaz” en los puertos de entrada.
«Estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur se vea abrumada y harán más fácil para los oficiales de inmigración expulsar rápidamente a las personas que no tienen base legal para permanecer en EEUU», indicó la Casa Blanca.
Las restricciones entraron en vigor de inmediato y se activaron cuando el promedio semanal de encuentros en la frontera superó los 2.500 diarios. Se detiene cuando los arrestos caigan por debajo de 1.500 por día.
