El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las nuevas sanciones emitidas por Canadá en contra de cinco funcionarios venezolanos tras las elecciones del 28 de julio.
A través de un comunicado, el gobierno calificó estas sanciones como «medidas extorsivas en contra de funcionarios venezolanos, que pretende imponer Canadá». En este sentido, afirmó que se trata de «una acción que confirma, una vez más, su papel servil como esclavo de los intereses imperiales de Estados Unidos».
«Estas acciones ilegales, dirigidas contra funcionarios legítimos de nuestro país, no son más que un intento fallido de presionar a Venezuela, demostrando la humillación y el descrédito internacional del gobierno canadiense, que se reduce a actuar como un peón disminuido y subordinado al gobierno estadounidense», indicó.
Por lo cual, el gobierno de Maduro aseveró que estas sanciones no afectarán su manera de actuar.
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«Mientras Canadá se arrodilla ante las órdenes de Washington, la República Bolivariana de Venezuela se mantiene firme, soberana e inquebrantable, defendiendo la voluntad del pueblo venezolano y el Estado de Derecho, sin atender a chantajes externos ni injerencias vergonzosas», concluyó.
Este martes el gobierno de Canadá sancionó a Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Juan Carlos Hidalgo Pandares, Juez del Tribunal Supremo de Justicia; Rosalba Gil Pacheco, miembro del Consejo Nacional Electoral; Eduardo Miguel Briceño Cisneros, juez y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal.
Las sanciones de hoy transmiten un mensaje claro: Canadá no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro siga ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Se necesita una solución pacífica, negociada y liderada por Venezuela para resolver esta crisis. Estamos preparados para trabajar con socios de la región para apoyar este diálogo», dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly.
