Luis Motta Domínguez volvió al gobierno luego de ser designado como viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
a medida quedó establecida en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.984. Este nombramiento realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ocurre en un momento de reestructuración tras la captura de Nicolás Maduro.
El Viceministerio de Seguimiento de la Gestión de Gobierno está adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia.

Vale recordar que Nicolás Maduro había destituido a Luis Motta Domínguez como ministro de Energía Eléctrica en medio de la crisis por los apagones que sufrió Venezuela desde el 7 de marzo de 2019.
«Quiero agradecer al compañero (…) Motta Domínguez. Le han tocado cuatro años de guerra incesante al frente del ministerio eléctrico y de Corpoelec. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución», dijo Maduro en aquel momento.
Posteriormente, nombró al ingeniero Igor José Gavidia León como su reemplazo.
LAS SANCIONES DE EEUU A LUIS MOTTA DOMÍNGUEZ
El Departamento de Estado de EEUU mantiene a Motta Domínguez como un objetivo prioritario dentro de sus programas de justicia internacional.
Y es que ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que facilite su captura.
«Motta Domínguez fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 27 de junio de 2019, en virtud de la Orden Ejecutiva 13692, que bloquea los bienes y suspende la entrada de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela. En la misma fecha, Motta Domínguez fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Florida», indicó el Departamento de Estado.
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También fue sancionado junto con otros funcionarios venezolanos por Canadá en noviembre de 2017. Esto en virtud de la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos.
«Motta Domínguez y un cómplice presuntamente adjudicaron a tres empresas con sede en Florida más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con Corpoelec. Esto a cambio de sobornos pagados a ellos o en su beneficio. La acusación alega además que la actividad ilegal era un plan de soborno que violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Además, implicaba delitos de soborno en Venezuela. Según los cargos, una parte sustancial de las ganancias obtenidas de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras estadounidenses. Y era utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida», dice la acusación.


