El gobierno de Maduro calificó de «amenaza a la soberanía» la incursión de aviones de combate estadounidenses cerca de las costas venezolanas y aseguró que denunciará el incidente ante las Naciones Unidas (ONU).
Pocas horas después de la incursión, el Ministerio de Defensa y la Cancillería emitieron un comunicado conjunto. Los organismos afirmaron que la aproximación de los aviones «constituye una provocación» que «contraviene las normas del derecho internacional».
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«Esta acción puso en riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe», apuntó. «Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales previamente registradas y ya denunciadas», acotó.
Ante este escenario, el gobierno denunciará el incidente ante la Secretaría General de la ONU, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Con esta denuncia, el gobierno espera que los organismos «adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones». Según las autoridades, la incursión de los aviones fue «ilegal y peligrosa».
«POSTURA TEMERARIA»
Las autoridades también acusaron al secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, que «cese de inmediato su postura temeraria, aventurera y guerrerista». En ese sentido, dijo que el incidente de los aviones «pretende socavar la zona de paz» de la región.
«Venezuela reitera que no aceptará intimidaciones, ni agresiones, de ninguna potencia extranjera que ejercerá plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional», añadió.
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De acuerdo al comunicado, los aviones estadounidenses fueron detectados a 75 kilómetros de las costas venezolanas. «Esto configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado», sentenció el gobierno.
La Casa Blanca avanza en un despliegue militar en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico en la región. De igual forma, acusó al gobierno de Maduro de estar involucrado en estas actividades criminales, algo que el Palacio de Miraflores ha negado.
