Algunos congresistas estadounidenses, tanto del partido Republicano como del Demócrata, estarían dispuestos a renuncia voluntariamente a sus salarios mientras dure el cierre de Gobierno federal en ese país, que ya este domingo entra en su quinto día sin perspectivas de acuerdo entre ambas bancadas para aprobar nuevos fondos.
Varios legisladores afirmaron que donarán sus ingresos a causas humanitarias; mientras que otros han solicitado que su pago sea retenido hasta el fin de la paralización, que se extenderá al menos hasta este lunes debido al receso del Senado este fin de semana.
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Al menos 900.000 trabajadores federales quedaron suspendidos de sus labores y otros 700.000 laboran sin salario desde el miércoles 1 de octubre, después de que el Senado no lograra aprobar una propuesta presupuestaria antes del comienzo del año fiscal.
Servicios esenciales como los controladores aéreos y el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) continuarán funcionando.
NOMBRE DE LOS CONGRESISTAS QUE RENUNCIARON O DIFIRIERON SU SALARIO
Entre quienes han anunciado planes para renunciar o diferir sus salarios están la senadora republicana Ashley Moody y los representantes Mariannette Miller-Meeks, Mike Lawler y John James.
Por el lado de los demócratas, también han confirmado el senador Andy Kim y los representantes Josh Gottheimer, Nellie Pou y Mikie Sherrill, entre otros.
«Si un cierre obliga a los militares y veteranos a no recibir su salario, los miembros del Congreso no deberían cobrar», señaló el legislador Miller-Meeks en un comunicado.
Según registros públicos, la mayoría de los miembros del Congreso estadounidense ganan 174.000 dólares anuales, una cifra que se eleva en el caso de los que ocupan cargos de liderazgo.
Mientras republicanos y demócratas se culpan unos a otros de la paralización federal, hay que recordar que la última ocurrió en la anterior administración de Trump, hace siete años.
La mayoría republicana acusa a la minoría demócrata de buscar intencionalmente el cierre y se niega a ceder ante las exigencias de mayor financiación de servicios sanitarios porque afirma que beneficiarían a «inmigrantes ilegales», algo que los demócratas niegan.
