Un grupo de abogados venezolanos en el exilio solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue a Nicolás Maduro por tortura, lo que abriría un frente judicial inédito que lo llevaría a la pena de muerte.
La solicitud contra Maduro, introducida el 4 de enero, se apoya en el Estatuto Federal contra la Tortura, una norma que permite procesar a cualquier persona presente en territorio estadounidense por estos actos cometidos en cualquier parte del mundo.
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En los casos más graves —cuando la víctima muere como consecuencia de los abusos— la ley contempla cadena perpetua e incluso pena de muerte, lo que eleva la gravedad del escenario para Maduro.
Los abogados explicaron al diario Tal Cual, que la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, fue el elemento que habilitó la jurisdicción federal.
A diferencia de otros mecanismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, el sistema estadounidense no exige demostrar un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos.
Basta con un solo caso comprobado de tortura cometida “bajo el color de la ley”, es decir, por funcionarios o agentes del Estado.
Para los juristas, en Venezuela existen múltiples víctimas que murieron bajo custodia estatal, lo que encajaría en la agravante más severa prevista por la legislación.
“Procesalmente, no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente. Esto requiere una nueva investigación y es el fiscal quien decide si la inicia. Tiene un margen de discrecionalidad muy amplio”, afirmó el abogado Zambrano en conversación con el medio
“Si de los actos de tortura resulta la muerte de la víctima, la ley permite cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Nosotros estamos procurando que se aplique la máxima pena que establece el estatuto”, sostuvo.
NO SE SUMA A LA ACUSACIÓN EN CURSO
Asimismo, se explicó que este nuevo esfuerzo legal no se suma al expediente que ya cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta acusaciones por narcotráfico.
Se trata de un proceso completamente distinto, que requeriría una investigación independiente y decisión discrecional del fiscal federal.
El abogado Zambrano, uno de los impulsores de la solicitud, subraya que no es posible añadir cargos al caso existente y el Departamento de Justicia debe evaluar si abre o no una nueva causa penal.
Además, acotó, que la solicitud está respaldada por informes del Departamento de Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en Venezuela.
