El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió reinstaurar una política migratoria que había sido desactivada durante el mandato de su predecesor, Joe Biden.
Esta medida permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) rechazar solicitudes de residencia permanente (Green Cards) y visas si considera que el solicitante podría convertirse en una “carga pública” para el país.
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El concepto, que ya generó controversia durante su primer mandato, se basa en evaluar si el migrante ha utilizado o podría usar beneficios públicos como Medicaid o cupones de alimentos (SNAP).
La propuesta fue anunciada este miércoles, 19 de noviembre, en el Registro Federal, donde se apuntó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pretende derogar las normas de 2022 bajo el gobierno de Biden sobre los ajustes en la regla de inadmisibilidad por carga pública.
“Las normas de 2022 no son la mejor aplicación de la ley, son incompatibles con la intención del Congreso, son indebidamente restrictivas y obstaculizan la capacidad del DHS para determinar de forma precisa, exacta y fiable si determinados extranjeros pueden convertirse en cualquier momento en una carga pública”, se planteó en el documento oficial.
¿QUÉ IMPLICA LA MEDIDA?
Con dicha acción, Trump “restablecería una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes y se ajustaría a la política tradicional de que los extranjeros en los Estados Unidos deben ser autosuficientes y que las prestaciones gubernamentales no deben incentivar la inmigración”.
La política también endurecería el acceso legal a Estados Unidos, afectando tanto las solicitudes de residencia permanente como los programas de visas, si el USCIS determina que el solicitante representa un riesgo de convertirse en carga pública.
Vale recordar, que en 2019, Trump reforzó la política migratoria excluyendo a solicitantes de residencia permanente que hubieran accedido previamente a programas de asistencia como Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), afectando a miles de migrantes legales.
En aquella oportunidad, la política migratoria provocó que numerosas familias renunciaran a beneficios públicos para sus hijos, por temor a que el uso de estos servicios afectara sus trámites ante USCIS.
En concreto, para miles de familias migrantes, esta reciente decisión representa un nuevo obstáculo en su camino hacia la estabilidad legal y económica.
Así, el llamado “sueño americano” —la promesa de prosperidad y seguridad en EEUU— vuelve a tambalearse, especialmente para quienes han construido una vida en el país, pero que dependen de trámites migratorios pendientes.
DEBEN SER «AUTOSUFICIENTES»
En declaraciones a Newsweeek, el portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser, señaló que la propuesta sostiene la “política tradicional de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes”.
La iniciativa se suma a otra política reciente del gobierno de Trump que restringe el acceso a visas de migrante para personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer u obesidad. Se argumentó, también, que estos solicitantes podrían representar una carga para el sistema de salud pública.
