La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU presentó el viernes su más reciente informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela, en el que ofreció una serie de recomendaciones al Gobierno de Nicolás Maduro para que estos se respeten, entre ellas el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
El documento, que abarca el periodo del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024, se enfoca en hechos relacionados a derechos económicos, sociales y culturales. También aborda el derecho al medio ambiente sano, género y personas Lgbti, espacio cívico y Estado de derecho.
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«Las personas en Venezuela continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos debido a diferentes factores», resaltó esa instancia de la ONU. Por tal razón, el Alto Comisionado pidió tanto al chavismo como a la oposición el aplique pleno de los acuerdos de Barbados, «asegurando que los derechos humanos estén en el centro de la agenda».
Entre las sugerencias de Acnudh a las autoridades del país está el «desarrollar urgentemente, con la sociedad civil y otros actores relevantes, un plan de acción». Este con el objetivo de «fortalecer el acceso y la utilización de la población de los recursos y medios». Con ello, se busca garantizar «la subsistencia y la seguridad alimentaria en un proceso inclusivo».
Asimismo, el Alto Comisionado llama a establecer medidas normativas, institucionales y políticas. Todo ello para cumplir con sus obligaciones en «materia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención sanitaria». Allí, se incluye «la protección y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud».
MEJORES SALARIOS
Otro de los puntos que instan a garantizar son salarios justos que aseguren una vida «decente y digna» para trabajadores y sus familias. En ese contexto, continuar el diálogo con empleadores y trabajadores para que haya un «pleno respeto y disfrute de los derechos laborales».
Sumado a ello, la ONU insta a promover un espacio pluralista para el ejercicio de derechos civiles y políticos, de parte de todos los actores y organizaciones.
«Libre de interferencias o restricciones indebidas, incluyendo la adopción de medidas para garantizar el pleno disfrute del derecho a participar en los asuntos públicos; prevenir, investigar y sancionar los ataques, intimidaciones y otros actos de hostigamiento contra los miembros, o simpatizantes percibidos de los partidos de la oposición», recomiendan.
También hicieron un llamado a la liberación «plena e incondicional» de presos políticos, y que haya garantías de que tales hechos no se repetirán.
Finalmente, pidieron proseguir los esfuerzos para combatir el hacinamiento en cárceles y mejorar las condiciones de detención. Allí, resaltan la importancia de que esto se cumpla en centros de detención preventiva, garantizando derechos como el acceso a la salud, alimentación adecuada, agua, entre otros.
