El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el traslado «arbitrario» de dos militares que fueron detenidos en enero de 2019 por su participación en el alzamiento militar conocido como el “Caso Cotiza”.
La ONG venezolana explicó que los sargentos Geomer Martínez Natera y Segundo Andrés Paredes Soler fueron trasladados el 18 de febrero pasado a la «cárcel ubicada en el Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda, actualmente bajo administración del Servicio Penitenciario Civil».
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«Ambos militares habían estado previamente recluidos en el Cenapromil (Ramo Verde), que es el centro de reclusión correspondiente según su estatus militar. El traslado fue realizado sin notificación a sus familiares ni orden judicial conocida, por lo que es considerado arbitrario», indicó.
DENUNCIA | Posible desaparición forzada de dos sargentos del Caso Cotiza
El Sargento Mayor de Tercera Geomer Martínez Natera y el Sargento Segundo Andrés Paredes Soler, presos políticos desde el 21 de enero de 2019 por su participación en el alzamiento militar conocido como el… pic.twitter.com/2pb4AW072U
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) June 4, 2025
LO QUE PIDEN LOS FAMILIARES DE LOS MILITARES
Asimismo, acotó que desde el 20 de abril sus familiares «no tienen fe de vida verificable».
«Ese día recibieron una llamada de dos minutos en la que los sargentos pidieron ser ayudados para salir de ese lugar. Desde entonces no se ha tenido más información sobre su estado físico o psicológico», explicó.
Asimismo, dijo que la falta de contacto, visitas y confirmación oficial sobre su paradero y condiciones de detención «ha generado gran preocupación entre sus familiares. Ellos temen por su integridad y advierten que la situación podría constituir una desaparición forzada».
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«Familiares exigen a las autoridades penitenciarias y militares información inmediata y verificable sobre el estado de ambos sargentos. Así como el respeto de sus derechos fundamentales y su retorno a un centro de reclusión que cumpla con las normativas establecidas para militares procesados», apuntó la ONG.
