La reciente decisión de la Corte Suprema de EEUU ha generado un impacto significativo en la comunidad migrante y el mercado laboral luego de que a través de un reciente fallo se permita la revocación de las protecciones migratorias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario.
El fallo permite a la administración Trump revocar protecciones legales para cientos de miles de inmigrantes. Esto afecta directamente a trabajadores con permisos temporales de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
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Como consecuencia, grandes empresas como Walmart comenzaron a despedir empleados cuya autorización de trabajo expiró, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre los afectados.
Según documentos internos citados por Bloomberg News, Walmart, el minorista más grande del país, ha instruido a sus tiendas a identificar a los trabajadores cuya documentación ya no es válida.
En estados como Florida y Texas, empleados han sido notificados de que perderán sus puestos si no presentan nuevas autorizaciones de trabajo.
La medida responde a los requisitos de verificación de identidad y autorización laboral mediante los formularios I-9, utilizados por empleadores en EEUU para cumplir con la normativa migratoria. Sin embargo, el número exacto de despidos aún no ha sido determinado.
El impacto de esta decisión va más allá de Walmart. Otras empresas han comenzado a tomar medidas similares, lo que podría afectar a cientos de miles de migrantes en el país.
La eliminación de protecciones legales también abre la puerta a posibles deportaciones. De hecho, las autoridades migratorias han indicado que cualquier persona en situación irregular podría ser detenida y expulsada.
En respuesta, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria incentivando a los migrantes a marcharse voluntariamente, ofreciendo asistencia económica de hasta 1.000 dólares para facilitar su salida.
Desde el punto de vista económico, la medida podría tener repercusiones en sectores que dependen de la mano de obra migrante.
Walmart, con más de 4.600 tiendas en EEUU y 1,6 millones de empleados, enfrenta un ajuste en su fuerza laboral que podría afectar la operatividad de sus establecimientos.
Además, la incertidumbre sobre el estatus migratorio de miles de trabajadores podría generar una disminución en el consumo y afectar la estabilidad de diversas industrias.
