Los abogados defensores de los más de 200 venezolanos detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser deportados desde Estados Unidos, exigieron a la justicia salvadoreña respuesta a sus peticiones.
El bufete de abogados de Jaime Ortega, contratado por el gobierno de Maduro, envió una carta al presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Luego hablaron con la prensa y alertaron de la nula respuesta de la Corte Suprema sobre el caso de los venezolanos.
«Con relación a los habeas corpus, hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación», dijo Ortega. «Hay retardación de justicia en el país», acotó otro de los abogados.
Los juristas afirmaron que su objetivo es conseguir una solución «desde el punto de vista legal y humanitario» para los venezolanos detenidos. Para ello, se basan en tratados internacionales firmados por El Salvador.
VARIAS PETICIONES
En primera instancia, los abogados pidieron que se pudiera constatar el estado de los venezolanos. «El sentimiento de los familiares es que necesitan comunicarse con ellos», añadió Ortega.
El bufete insistió en la necesidad de que se «permita la entrevista profesional» con los venezolanos, tanto de forma «física o virtual». Así esperan que se puede obtener una «prueba de vida».
«Entendemos profundamente la complejidad de la presente situación, pero a la vez creemos firmemente la necesidad de apertura de un canal o espacio de comunicación para resolver este caso», indica la carta.
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Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre la presunta violación del debido proceso y la falta de pruebas concretas de que todos los venezolanos pertenezcan al Tren de Aragua.
Hay varias denuncias de venezolanos que fueron deportados sin tener vinculación con bandas criminales. Supuestamente, lo detuvieron al ingresar ilegalmente a Estados Unidos y luego los deportaron a El Salvador.
