El Gobierno de Joe Biden advirtió el jueves que presentará una demanda en contra del estado de Texas por una nueva ley migratoria SB4, la cual da el poder a las autoridades locales de expulsar migrantes ilegales de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia exhortó al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, a paralizar la aplicación de esta polémica ley. En caso contrario, la Casa Blanca presentará una demanda en contra del estado fronterizo.
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El vicefiscal general Brian Boyton envió una carta a Abbott pidiéndole que detenga esta ley. «Es inconstitucional y obstaculizará las operaciones del Gobierno federal para aplicar la ley de inmigración», dijo, según medios internacionales.
La Casa Blanca dio a Texas hasta el 3 de enero para paralizar esta nueva ley. «Estados Unidos recurrirá a todos los remedios legales apropiados para asegurar que Texas no interfiera con las funciones del Gobierno federal», concluye el documento.
ASÍ ES LA NUEVA LEY
Abbott firmó esta nueva ley que entrará en vigor en marzo y tipifica el nuevo delito de ingreso ilegal a Texas, con penas de 180 días a 20 años en la cárcel. En caso de que los migrantes no acepten abandonar el país, serán procesados.
El gobernador precisó que estes conjunto de leyes son para «frenar la oleada de ingresos ilegales a Texas». Mientras tanto, continuará con la Operación Lone Star, la cual busca detener a los migrantes ilegales apenas ingresan al estado.
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«Más de 489.500 detenciones de migrantes ilegales, más de 37.500 detenciones de criminales, incautadas más de 450 millones de dosis mortales de fentanilo y más de 80.000 migrantes trasladados en autobús a ciudades santuario», agregó.
Las autoridades calculan que, durante las últimas semanas, decenas de miles de migrantes irregulares cruzaron hacia Texas. Muchos de ellos son venezolanos, centroamericanos y haitianos, aunque también hay asiáticos y africanos.
