Un tribunal federal de apelaciones autorizó, este viernes, a que el gobierno de Donald Trump ponga fin al «parole humanitario» que ofrecía protección legal para alrededor de 430.000 migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Este fallo es el último giro en una batalla legal sobre las políticas migratoria de la era Biden. Ya desde la Casa Blanca habían anunciado, el pasado mes de marzo, que pondría fin a todas las protecciones y permisos condicionales humanitarios.
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«Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito: que los beneficiarios de los permisos condicionales que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre irse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye ser separados de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a peligros en sus países de origen», se lee en la sentencia de un panel compuesto por tres jueces, según reseñó AP.
«Pero, en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión», agregaron haciendo referencia al fallo de una corte federal de Distrito, que había suspendido la medida de la administración de Trump.
EL LITIGIO CONTINÚA
Por su parte, la directora legal del Justice Action Center, Esther Sung, quien es coabogada de los demandantes, afirmó que el fallo contra el parole humanitario «perjudica a todos».
«Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió, y la administración Trump cruel e irracionalmente no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno», señaló Sung.
«Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio», sentenció la letrada.
