La Corte Suprema de Estados Unidos decidió abordar un caso clave sobre el derecho a portar armas ocultas, centrado en una ley promulgada en Hawái en 2023.
De acuerdo con la información citada por NBC News, esta legislación impone restricciones significativas a los propietarios de armas con licencia, limitando los lugares donde pueden portar las mismas, incluso en propiedades privadas abiertas al público, a menos que el dueño autorice explícitamente su presencia armada.
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Lo que se detalló, es que el caso lo presentó tres ciudadanos con permisos de porte oculto —Jason y Alison Wolford, junto a Atom Kasprzycki— y la Coalición de Armas de Fuego de Hawái.
Los demandantes argumentaron que la ley vulnera derechos protegidos por la Segunda Enmienda. En concreto, al prohibir el porte en espacios considerados “sensibles” como playas, parques y bares.
Aunque un juez federal inicialmente bloqueó partes de la ley, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del estado en septiembre de 2024.
Este nuevo caso se suma a una serie de disputas legales que han surgido desde el fallo de la Corte Suprema en 2022. El mismo amplió el derecho a portar armas fuera del hogar.
Sin embargo, el tribunal ha sido selectivo al aceptar casos posteriores, frustrando a grupos defensores del derecho a portar armas que buscan una interpretación más amplia de ese precedente.
¿QUÉ IMPLICA PARA EL PORTE DE ARMAS?
La decisión de revisar la ley de Hawái podría tener implicaciones más allá del estado insular. Jurisdicciones como California y Nueva York adoptaron medidas similares. Esto, ha generado un mosaico de regulaciones que confunden a los ciudadanos y desafían la coherencia legal nacional.
El fallo, que emita la Corte Suprema, podría establecer un nuevo estándar sobre qué restricciones son constitucionales y cuáles no.
El caso será debatido en el nuevo periodo de sesiones del tribunal, que comienza este mes y se extenderá hasta junio de 2026.
Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes defienden un control más estricto de las armas y aquellos que consideran que cualquier limitación representa una amenaza a sus libertades individuales.
En definitiva, la resolución de este caso podría redefinir el equilibrio entre seguridad pública y derechos constitucionales en Estados Unidos.
