El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) confirmó este sábado, 22 de noviembre, el fallecimiento de Jonathan Rodríguez, un joven pescador de Cepe, estado Aragua, quien había sido detenido un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela.
De acuerdo con la organización, su vida cambió radicalmente ese 29 de julio de 2024, cuando salió a comprar pan y fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lo acusaron «sin pruebas de ser terrorista”.
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Tras su arresto, Jonathan —diagnosticado con autismo desde niño— fue trasladado primero a la comisaría de Santa Rita y luego al Centro Penitenciario de Yare, en Miranda. Dos días después, al Centro Penitenciario de Aragua. Allí permaneció en condiciones inhumanas, sin atención médica adecuada y expuesto a un ambiente hostil que agravó su vulnerabilidad.
Organizaciones como el Clippve denunciaron su caso como un ejemplo de la represión poselectoral y de las detenciones arbitrarias que se multiplicaron en Venezuela.
Gracias a la presión de su familia y defensores de derechos humanos, Rodríguez fue excarcelado tras más de seis meses de prisión. Sin embargo, su libertad llegó demasiado tarde. Esto, porque su salud estaba gravemente deteriorada, señaló el mismo Clippve por medio de un comunicado publicado en redes sociales.
En el mismo comunicado, se detalló que el joven debía seguir presentándose ante los tribunales por «acusaciones sin evidencia de terrorismo e incitación al odio», mientras su familia luchaba por conseguir medicinas y exámenes que pudieran estabilizarlo.
El esfuerzo fue insuficiente. Jonathan enfermó y finalmente lo hospitalizaron por una infección pulmonar severa.
El pasado 21 de noviembre, tras una semana en estado crítico, Jonathan falleció en Aragua. Su muerte se atribuyó no solo a la enfermedad. También a las condiciones de reclusión y al colapso del sistema de salud venezolano.
Organizaciones sociales responsabilizan al Estado por haber sometido a un joven inocente y vulnerable a un proceso que terminó costándole la vida.
«La muerte de Jonathan es también responsabilidad del terrorismo de Estado, del deterioro de los derechos humanos y del colapso del sistema de salud en Venezuela», sentenció el comité.
