El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela registró al menos 139 vulneraciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo durante 2025 en el país, según lo expuesto en su Reporte Anual llamado: «Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad».
Entre estos 139 casos destacan las 25 detenciones contra trabajadores de la prensa durante ese período, la cifra más alta documentada en Venezuela en un año calendario.
Asimismo, el informe documentó un agravamiento de las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, gracias a una etapa de consolidación de un entorno hostil para el ejercicio del periodismo, «marcado por la criminalización, el miedo y el silenciamiento progresivo del debate público».
LEA TAMBIÉN: VIDEO: PERIODISTA NAKARY RAMOS Y SU ESPOSO GIANNI GONZÁLEZ OBTIENEN LIBERTAD PLENA TRAS APELAR AMNISTÍA
Para el IPYS el encarcelamiento de periodistas no solo castiga al detenido, sino que funciona como un mecanismo de intimidación que impacta a todo el gremio, consolidando a la autocensura como una práctica extendida.
«La amenaza de detenciones arbitrarias y procesos penales sin garantías generó un repliegue del periodismo: menos cobertura de temas sensibles, menor presencia en la calle y un aumento de estrategias para proteger la identidad de quienes informan», reza una nota de prensa del organismo.
DEBILITAMIENTO DEL «ECOSISTEMA MEDIÁTICO»
El reporte también señala el debilitamiento del «ecosistema mediático», el cual se ha visto gravemente afectado «por la persecución judicial, el exilio, la precarización económica y la reducción de equipos».
A esto hay que sumarle los bloqueos digitales impuestos por el Gobierno a través de los prestadores de servicios locales y la vigilancia de opiniones en línea. Todo esto limita el alcance de los contenidos y refuerza el efecto inhibitorio.
Por último, advirtieron que el deterioro de las libertades informativas, ya no solo se miden por la cantidad de medios o cobertura, sino por los temas que dejan de publicarse. IPYS reveló que durante el 2025, el silencio se convirtió en un indicador clave de la censura, afectando directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada, tal cual lo consagra la Constitución.
