La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación, Gina Romero, fustigó la nueva arremetida contra las ONG en Venezuela, luego de que se exigiera al sector bancario «reforzar la vigilancia» sobre los fondos de estas organizaciones compuestas por la sociedad civil.
«Recibo con preocupación la nueva resolución 010.25 en Venezuela que obliga al sector bancario a reforzar la vigilancia sobre las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro, bajo la excusa de la lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva», escribió Romero en su cuenta de X (Twitter).
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«Es importante la toma de medidas para prevenir y evitar la comisión de delitos, pero las medidas de supervisión o monitoreo deben estar basadas en un enfoque de riesgo y no deben ver al sector de forma generalizada», agregó la funcionaria, quien también forma parte de la Secretaria del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En este sentido, advirtió que esta medida podría «restringir y desalentar la legítima labor de la sociedad civil, e incluso promover su exclusión del sector bancario formal».
«ATENTA CONTRA ESTÁNDARES INTERNACIONALES»
Romero indicó en que la regulación de las ONG «atenta contra estándares internacionales», al tiempo que señaló que restringen «aún más el espacio cívico».
«La lucha contra el delito transnacional no exime a los Estados de cumplir con los estándares internacionales, entre ellos la adecuada implementación de la recomendación 8 del GAFI y su reciente actualización», recomendó la relatora especial.
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Por último, recordó que los expertos de los procedimientos especiales de la ONU han escrito «repetidas veces al gobierno Venezolano para que cese la persecución a la sociedad civil y a cualquier actor que pueda ser considerado opositor, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y periodistas».
Es importante recordar que la Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría chavista, sancionó a finales del año pasado una ley para regular las ONG, a las que acusan de «lavado de dinero» y de servir como plataformas para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.
Recibo con preocupación la nueva resolución 010.25 en #Venezuela que obliga al sector bancario a reforzar la vigilancia sobre las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro, bajo la excusa de la lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y…
— Gina Romero (@Ginitastar) April 11, 2025
