La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino este viernes, 3 de octubre, que permite al presidente de EEUU, Donald Trump, revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 migrantes venezolanos.
Esta decisión suspende el fallo previo del juez federal Edward Chen, quien había determinado que la cancelación del TPS por parte del gobierno fue apresurada y sin fundamentos válidos.
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El TPS es una medida humanitaria que protege a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en EEUU.
De acuerdo con la información reseñada por NBC News, el tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump que buscaba bloquear el fallo de un juez que decía que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no siguió el proceso correcto al revocar el TPS para los venezolanos.
La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, concedió en mayo una solicitud de emergencia anterior presentada por la administración Trump en el mismo caso.
La última presentación se produjo después de que el juez de distrito estadounidense con sede en California, Edward Chen, volviera a fallar el 5 de septiembre en contra de la administración, esta vez en forma de una decisión final en lugar de una preliminar.
«Si bien la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho. El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso», dice la orden judicial.
EL PEOR PANORAMA PARA LOS VENEZOLANOS
Como era de esperarse, la decisión del Supremo generó preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes.
Muchos venezolanos beneficiarios del TPS enfrentan ahora la pérdida de empleo, vivienda y la posibilidad de deportación. La jueza Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo, calificando la intervención del tribunal como “gratuita y perjudicial”, especialmente en casos donde hay vidas en juego.
Las protecciones de la administración Biden debían expirar en octubre de 2026. Sin esa protección, las personas afectadas están sujetas a la deportación a través del proceso legal normal, pero pueden buscar otras vías para permanecer en Estados Unidos, por ejemplo, solicitando asilo.
