10 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat fueron detenidos por su presunta participación en una mafia que desalojaba y revendía inmuebles en dólares.
De acuerdo a lo reseñado en Últimas Noticias, el primer procedimiento se realizó en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, parroquia Coche. Allí fueron capturados Ada Nacary Llovera Castellanos (líder de la comunidad y del comité familiar), así como las funcionarias de Ministerio de Vivienda, Liliana Rojas Franco; Lissette Del Valle Naranjo Bello; Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.
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Según las investigaciones, estas personas presuntamente amedrentaban con armas de fuego a los residentes del urbanismo para obligarlos a desalojar el inmueble. Esto con el objetivo de luego adjudicar la vivienda a un nuevo dueño que previamente cancelaba entre 5 y 7 mil dólares.
Sin embargo, en otro procedimiento policial detuvieron a cinco funcionarios del ministerio identificados como Peregrina Alejandrina Amor Morelo (directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares); Mary Yoselin Trejo Peñaloza (directora de Adjudicación); Miguel Ángel Tovar Quijada (director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares); Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez (director de la Escuela del Constructor Popular) y Karla Eduviges Sáenz Camacho (analista).
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Esto habría ocurrido en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno ubicada en Las Mercedes, estado Miranda.
Además, en el lugar las autoridades detuvieron a Germán Antonio Medina Vargas, quien es analista en el mencionado ministerio y está acusado de haber desalojado a un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA
La viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, informó que se detectaron varias irregularidades en la auditoría practicada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Caracas.
Entre ellas ocho casos de registros de cédulas incongruentes y 3.382 cédulas duplicadas en el sistema. Incluso hubo 486 casos de doble beneficio en diferentes parroquias. 2.841 casos con doble registro, 53 casos con 3 registros y 2 casos con cuatro registros.
Además, alertan que en el urbanismo Ciudad Tiuna no existen registros de las torres 21, 13, 24, 25, 29, 30, 31. 32, 34, 39, 41, 42, 43, y solo dos registros en la torre 44.
De igual forma, el exviceministro Héctor Bastidas estaría implicado en desalojos de inmuebles para luego adjudicarlos a las personas que cancelaran en dólares,reseñó el periodista Eligio Rojas.
El caso quedó en manos de la Fiscalía 78 en materia de corrupción.
