El juez federal James Boasberg, del distrito de Washington (EEUU), calificó como “lamentablemente insuficiente” la explicación proporcionada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador.
Como se informó recientemente, los migrantes fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa diseñada para tiempos de guerra, lo que ha suscitado críticas por su aplicación en este contexto.
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El juez había ordenado previamente la suspensión de estas deportaciones por 14 días, pero los vuelos continuaron, lo que llevó a Boasberg a exigir respuestas detalladas.
El gobierno argumentó que los aviones ya sobrevolaban aguas internacionales cuando se emitió la orden judicial, lo que, según ellos, invalidaba la suspensión.
Sin embargo, el juez Boasberg insistió en que se proporcionaran datos precisos sobre los vuelos. Sobre todo, los horarios de despegue y aterrizaje, rutas y listas de pasajeros.
Hasta ahora, las autoridades han presentado información limitada, lo que ha llevado al juez a considerar que el gobierno podría estar eludiendo sus responsabilidades legales.
La situación ha generado tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo. De hecho, el juez Boasberg emitió un ultimátum para que se entreguen explicaciones completas antes del 25 de marzo.
En un escrito publicado este jueves, el juez estimó que el gobierno presentó sus alegatos “poco después de la fecha límite” (al mediodía) y además “volvió a eludir sus obligaciones” al no proporcionar la información que le pide. “Esto es lamentablemente insuficiente”, afirmó.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los venezolanos deportados, quienes fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, utilizada para miembros de pandillas. Estas condiciones han sido calificadas como inhumanas por diversos organismos internacionales.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, celebró públicamente la llegada de los vuelos, lo que ha añadido un componente político al caso.
Por su parte, el gobierno de Trump defendió su decisión. Argumentaron que los deportados están vinculados a actividades delictivas relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, críticos señalan que la aplicación de una ley tan antigua y controvertida podría sentar un precedente peligroso para futuras deportaciones. También se duda que todos los deportados sean miembros del Tren de Aragua.
