Este viernes el gobierno de Donald Trump sufrió un nuevo revés en las deportaciones masivas de migrantes que lleva a cabo desde que asumió este nuevo mandato a principios de 2025, luego de que una jueza federal bloqueara el proceso que pretende expulsar de manera «exprés» a los inmigrantes detenidos dentro de los Estados Unidos, al calificar la medida como una violación del debido proceso.
A diferencia de los indocumentados interceptados en la frontera o cerca de ella, víctimas de una «expulsión acelerada», las personas a las que ahora apunta la administración «han ingresado al país hace mucho tiempo», señaló la jueza Jia Cobb en la sentencia.
«Eso significa que tienen un gran interés en permanecer aquí y, por lo tanto, se les debe conceder el debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda», agregó Cobb, quien fue nominada para el tribunal federal en Washington por el expresidente Joe Biden, según reseñó CNN.
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La jueza mostró su descontentó con la idea de que desde la Casa Blanca consideren que ninguno de los migrantes debía gozar del debido proceso.
«Al defender este proceso tan limitado, el Gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: quienes ingresaron al país ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les conceda (…) Si eso fuera cierto, no solo los no ciudadanos, sino que todos estarían en riesgo. El Gobierno podría acusar a cualquiera de entrar ilegalmente, relegarlos a un procedimiento mínimo donde se ‘probaría’ su entrada ilegal, y luego expulsarlos inmediatamente», explicó Cobb.
«Afortunadamente, eso no está contemplado en la ley», sentenció la jueza federal.
GRUPO DE DEFENSA DE MIGRANTES IMPUGNÓ DECISIÓN DEL GOBIERNO
Make the Road New York, un grupo de defensa de migrantes impugnó esta política argumentando, en una audiencia el mes pasado, que ya se está utilizando para arrestar a personas en tribunales de inmigración y deportarlas sin una audiencia, lo que viola su derecho constitucional al debido proceso.
El grupo afirma que la ley es ambigua y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se está extralimitando en su autoridad al usarla para detener a indocumentados que intentan activamente cumplir con el proceso legal.
