El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, quien anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de lesa humanidad.
El canciller Yván Gil cuestionó el accionar de la CPI. «Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma».
En esta línea, afirmó que la investigación «pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos».
«Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos», aseveró el alto funcionario del gobierno de Maduro en sus redes sociales.
«A pesar de ello, Venezuela, en un claro espíritu de cooperación internacional, se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana», añadió.
Gil recordó que en el marco de dicho proceso, el gobierno de Maduro y la Fiscalía suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos. «En estos documentos la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país», comentó.
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«Sin embargo, lamentablemente, la Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos», manifestó.
Además, rechazó que no han visto avances sobre la denuncia interpuesta por el propio gobierno de Maduro ante la CPI. «Han transcurrido más de cinco años sin que la Fiscalía de la CPI se haya siquiera pronunciado sobre el caso ‘Venezuela II’, que expuso y elevó ante esa instancia los crímenes cometidos por los articuladores del más brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano. El silencio de la CPI ha sido abrumador».
«Venezuela seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, frente a toda fórmula de colonialismo jurídico que pretenda utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del derecho internacional», advirtió.
«La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global que no se subordinan a los mandatos del norte desestabilizador y decadente. Somos hijos e hijas de libertadores, y nos debemos a su doctrina verdadera de justicia. Venezuela siempre vencerá», concluyó Gil.
