La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionó este viernes al fiscal del organismo, Karim Khan, por la falta de avances en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Las víctimas enviaron un documento a la Sala de Apelaciones de la CPI y dijeron que «llevan mucho tiempo esperando justicia». En tal sentido, exigieron que el fiscal debe avanzar en «procedimientos rápidos y justos».
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«Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante, ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz», indicó la Oficina.
Tras la emisión de una orden de captura contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, las víctimas dijeron que la CPI no le ha dado a la «difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras».
¿INVESTIGACIÓN EN RIESGO?
Las víctimas se preguntan «por qué los crímenes y el sufrimiento» que sufrieron «parecen ser tratado con menos urgencia». Además, alertaron que la investigación de la CPI se podría poner en riesgo con el paso del tiempo.
«Los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más», dijeron.
De igual forma, dijeron que la «sensación de injusticia» se agravó tras las elecciones del 28 de julio, puesto que unas 2.000 personas resultaron detenidas. «El gobierno ha intensificado el uso de las medidas más severas y métodos violentos de represión», agregó.
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A más de un año de la reanudación de la investigación de la CPI, las víctimas lamentaron que no hay avances concretos. Asimismo, alertaron que el fiscal «no ha adoptado una posición pública» sobre lo ocurrido tras las elecciones.
La Fiscalía de la CPI abrió a finales de 2021 la investigación sobre Venezuela. Afirmó que hay “fundamentos razonables” para afirmar que autoridades, militares e individuos oficialistas cometieron crímenes de lesa humanidad.
