Más 100 congresistas demócratas, incluidos senadores y representantes, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
Esta medida busca frenar la intención del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de revocar el TPS, que actualmente protege a cerca de 500.000 migrantes venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria en su país.
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De acuerdo con lo detallado por medios estadounidenses, la iniciativa fue liderada por el senador Cory Booker y respaldada por figuras como Debbie Wasserman Schultz y Chris Van Hollen, quienes presentaron un escrito Amicus Curiae en el caso National TPS Alliance v. Noem.
En el documento, los legisladores –un total de 137– argumentan que el Ejecutivo no tiene autoridad para terminar unilateralmente el TPS sin aprobación del Congreso, y que hacerlo vulnera la separación de poderes establecida en la Constitución.
En concreto, en el documento de más de 30 páginas presentado ante la Corte Suprema, los demócratas argumentaron que «los migrantes venezolanos no deben estar sujetos a los caprichos de la administración» y que su futuro no debe depender de decisiones políticas.
«El Poder Ejecutivo interpreta incorrectamente la ley del TPS para otorgarse a sí mismo un poder que no está autorizado por el Congreso, ni es coherente con la estructura normativa que éste promulgó», se señala en el recurso.
¿QUÉ SUCEDE CON EL TPS?
A principios de septiembre, el juez federal Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, bloqueó el intento de la administración Trump de revocar el TPS para migrantes provenientes de Venezuela y Haití.
En concreto, la orden aplica para todos los venezolanos beneficiarios del TPS (2021 y 2023) para que tenga vigencia al menos hasta octubre de 2026. La decisión también aplica para los haitianos, que enfrentaban el fin de su permiso ese mismo mes.
Bajo la administración del expresidente de EEUU Joe Biden se extendió esta protección a unos 600.000 venezolanos y más de 500.000 haitianos.
Como se esperaba, el Departamento de Seguridad Nacional criticó el fallo en un comunicado citado por CBS News y Newsweek. En el mismo, se apuntó que Kristi Noem (jefa del departamento) «utilizará todas las opciones legales a disposición del Departamento para poner fin a este caos y priorizar la seguridad de los estadounidenses».
En tanto, el destino del TPS para los venezolanos sigue sin definirse. La Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora, podría inclinar la balanza en favor de la postura de la administración Trump en una apelación.
Mientras tanto, miles de venezolanos en Estados Unidos enfrentan la incertidumbre de un posible fin de su estatus legal y el riesgo de deportación inmediata.
