El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que el abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, fue detenido por conspirar para generar violencia el 25 de mayo, cuando se harán las elecciones regionales y parlamentarias.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció que Torres se encontraba desaparecido desde la semana pasada. Sin embargo, Saab afirmó que el abogado estaba detenido y acusado de varios delitos.
El Ministerio Público hizo una publicación en Instagram, en donde vinculó a Torres con una «conspiración». Supuestamente, orquestó planes violentos mediante una «estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros».

«Usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas», apuntó la Fiscalía.
CARGOS CONTRA TORRES
Aunque Provea denunció que Torres se encontraba desaparecido, Saab aseguró que el abogado fue presentado ante la justicia. También dijo que hay otras personas involucradas en el caso y «se encuentran solicitadas por los tribunales».
«Conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa, se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación», acotó Saab.
La ONG Provea denunció el fin de semana la «posible desaparición forzada» de Torres. De acuerdo al relato de testigos, fue visto por última vez cuando salió de una reunión el viernes en Parque Central, Caracas.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HOMBRES VESTIDOS DE NEGRO ASEDIARON LA CASA DE UN ABOGADO Y ACTIVISTA EN CARACAS, ESTABA CON SU ESPOSA E HIJA
Ver esta publicación en Instagram
«Sus familiares sostuvieron comunicación con él a esa misma hora, en la que el activista informó que se dirigía a su vivienda cerca de la Av. Fuerzas Armadas, pero nunca llegó», expuso Provea en sus redes sociales.
De acuerdo al Foro Penal, para el 5 de mayo había 894 presos políticos, la amplia mayoría de ellos sin una condena. Mientras tanto, más de 10.000 personas se encuentran con medidas restrictivas de su libertad.