Human Rights Watch señaló que las autoridades venezolanas y los colectivos en el país han cometido «abusos generalizados» desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En un informe publicado este miércoles, indicaron que tras los comicios miles de venezolanos salieron a manifestar, en su mayoría de manera pacífica, para exigir un conteo justo y transparente de los votos. Sin embargo, la respuesta de las autoridades «fue una represión brutal».
Leer Más
«Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas», acotó la organización.
Human Rights Watch indicó que han recibido información sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela inmediatamente después de las elecciones.
«La mayoría de estos asesinatos se produjeron los días 29 y 30 de julio. Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos; en otros, los colectivos parecen ser los responsables», apuntó.
HUMAN RIGHTS WATCH Y LAS DETENCIONES EN VENEZUELA
Asimismo, se mencionó que desde las elecciones de julio 2024, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas poselectorales o con actividades de oposición política y defensa de los derechos humanos han sido detenidas.
«Muchos han sido detenidos por participar en las manifestaciones, ser críticos al gobierno o apoyar a la oposición. Los fiscales acusaron a cientos de personas de delitos definidos de manera amplia en la legislación venezolana como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel», señaló la institución.
Incluso sostienen que las personas detenidas se han enfrentado a procesos plagados de «abusos». Esto debido a que las autoridades «han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas. O se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Ello ha obligado a las familias a buscar a sus seres queridos durante días o semanas en diversos centros de detención e incluso en morgues».
«Muchas de las personas detenidas han permanecido incomunicadas y privadas de visitas durante largos periodos; algunas, desde el día de su detención. A la mayoría no se les ha permitido ver a un abogado de su elección. Otras nunca se reunieron con el defensor público designado por el tribunal mientras estaban detenidas. Además, se les ha negado el acceso a sus expedientes judiciales en repetidas ocasiones. Muchas fueron acusadas en audiencias virtuales y grupales, lo que vulnera su derecho al debido proceso», agregó Human Rights Watch.
REPRESIÓN
De igual forma, aseveró que la represión poselectoral obligó a muchas personas a abandonar el país.
«Muchos buscan protección en el exterior enfrentando sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina. Y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump», indicó.
