La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que tienen previsto deportar a 200 venezolanos que se encuentran actualmente en prisión.
La dirigente política ofreció estas declaraciones en conversación con el medio local Newsday, a quienes aseguró que la política migratoria del gobierno no será indulgente con aquellos que están ilegalmente y no pueden proporcionar información verificable sobre cómo se han estado ganando la vida.
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«La policía ha intensificado su vigilancia sobre inmigrantes indocumentados involucrados en el tráfico de drogas y personas. Estamos trabajando para modernizar las instalaciones de la guardia costera de Cedros y hemos enviado más embarcaciones a la zona», comentó.
La decisión forma parte de la política migratoria del gobierno, orientada a contener la inmigración irregular y el tráfico ilícito. Sin embargo, no especificó si estos migrantes cometieron algún tipo de delito en el país.
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La abogada Nafeesa Mohammed, quien ha representado a migrantes venezolanos en el pasado, expresó su esperanza de que autoridades de Trinidad y Tobago sigan el debido proceso para estas deportaciones. “Espero que, cualesquiera que sean los anuncios políticos que se hagan, Wayne Sturge, que es abogado, y Roger Alexander, que está en el Ministerio de Seguridad Nacional, reciban un buen asesoramiento para que puedan ser colectivamente responsables de lo que está sucediendo en este momento».
Además, en entrevista con Trinidad Express dijo que el embajador venezolano está trabajando con el ministro de Relaciones Exteriores y de Caricom, Sean Sobers, y el ministro de Defensa, Wayne Sturge, para coordinar las deportaciones.
Asimismo, destacó las herramientas que tienen los migrantes ilegales venezolanos para salir del país. «Pueden irse a casa o solicitar un amparo y quedarse en prisión. Depende de ellos, pero no estarán libres en nuestras calles», dijo Kamla Persad-Bissessar.
La ministra destacó que con las deportaciones tendrán un alivio económico. Al respecto, reveló que el costo de mantener a una persona en prisión preventiva era de entre 20.000 y 25.000 dólares al mes.
