Nuevos detalles de la investigación que realizan las autoridades chilenas revelarían que la música alta no fue el detonante para el brutal asesinato que sufrió la migrante venezolana, Yaidy Garnica Carvajalino, a manos de un vecino el pasado 15 de junio en un callejón de Santiago conocido como Paseo Acuario de Cerro Navia.
Las investigaciones en torno a este crimen apuntan a un doble estándar preocupante en la reacción de la comunidad frente a la presencia de migrantes en la zona.
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De acuerdo con videos bajo resguardo legal, la madrugada de ese domingo en el que ocurrió el crimen se celebraba una fiesta en la casa del hombre que acabó con la vida de la venezolana, identificado como Miguel Sergio Cordero Toledo.
La celebración contaba con toldos y música a fuerte volumen que comenzó la noche anterior y se extendió hasta la madrugada.
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«Esa madrugada ya había lo que parecía ser una reunión en la casa del victimario. El argumento de la música no se sostiene», puntualizó Braulio Jatar, abogado y vocero de las hijas de la víctima, en base al material visual analizado.
Las cámaras de seguridad, cuya hora fue verificada considerando el cambio de horario oficial, respaldan la versión del letrado.
Uno de los testigos del hecho –también agredido esa noche– declaró que el victimario acostumbraba realizar reuniones similares con música alta y sin problemas.
«Ellos sí podían hacer fiestas, pero cuando éramos nosotros, se molestaban», recordó esta persona.
FAMILIA DE LA VÍCTIMA EXIGE JUSTICIA
La familia de Garcnica Carvajalino insiste en que este caso no puede tratarse como un altercado aislado.
Alegan que no se puede normalizar «el prejuicio», pues consideran que este puede ser aún más peligroso que el arma que acabo con la vida de esta venezolana de 43 años de edad.
En los días posteriores al asesinato, Alexandra León Garnica y Ehilin Ortiz Garnica, las hijas mayores de la víctima, han participado en concentraciones en rechazo a lo ocurrido en la Plaza de Armas con velas, pancartas y manifiestos contra la violencia hacia los migrantes, según reseña el medio español El País.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche muestran cómo varias personas golpean el portón de la casa de Yaidy, tras lo cual comienza una pelea de empujones y manotazos entre varias personas.
Luego, un hombre entra con una escopeta, se mete entre el grupo de personas reunidas en la riña y finalmente apunta y acciona el arma contra la mujer.
DENUNCIAN CRIMEN DE ODIO
Para los activistas, el asesinato de la criolla es un crimen de odio, que se dio en medio de una narrativa que ha «estigmatizado» a la migración venezolana en ese país.
“Pasa en un contexto en el que se han intensificado los discursos de odio contra la migración y, sobre todo, contra la migración venezolana. Se ha promovido una narrativa que ha estigmatizado la migración venezolana a la que se le asocia con el crimen organizado, la delincuencia, el desempleo y con todos los problemas que vive el país. Eso ha calado hondo en la sociedad”, señaló la venezolana y psicóloga social Vanessa González, y directora de Migrantas, una organización creada en 2022 para la defensa de las mujeres migrantes.
«Si esos mensajes se distribuyen entre los medios masivos y las autoridades, quedan arraigados en la sociedad. Esos discursos de odio y el racismo hacen que ocurran estos hechos lamentables», alertó la experta.
Asimismo, advirtió que las instituciones chilenas no han creado políticas efectivas para la integración de los migrantes venezolanos, pese a que la sociedad civil ha denunciado con fuerza lo que ocurre.
“La mayor proporción de personas migrantes en Chile son venezolanas (42% del total de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística) y las políticas están basadas en la selectividad y en visas consulares que impiden que personas que ya están viviendo en el país regularicen su situación. Con esto, lo que se sigue promocionando es la irregularidad”, indicó González.
«Hay más de 500.000 personas que podrían optar por la regularización, la mitad son mujeres y niñas, pero hay una tremenda falta de voluntad política para darles acceso a un documento que no los excluya de otros derechos», sentenció.
