En un intento por frenar la devastadora epidemia de opioides que azota a EEUU, el Congreso aprobó esta semana la ley “HALT Fentanyl”, una legislación que endurece «significativamente» las penas por el tráfico de esta droga sintética.
Con 321 votos a favor y 104 en contra en la Cámara de Representantes —incluyendo el respaldo de más de 100 demócratas— y tras su aprobación previa en el Senado, la medida solo espera la firma presidencial para convertirse en ley.
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La nueva normativa establece una pena mínima de 10 años de prisión para quienes trafiquen más de 100 gramos de fentanilo o de sustancias análogas.
Además, clasifica de forma permanente a estos análogos en la Lista 1 de sustancias controladas, una categoría reservada para drogas sin valor médico reconocido y con alto potencial de abuso.
El contexto no podría ser más alarmante: en 2024, más de 80.000 estadounidenses murieron por sobredosis, y más de la mitad de esas muertes estuvieron relacionadas con el fentanilo.
Esta cifra supera incluso el número total de bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam, lo que ha llevado a legisladores como el senador John Thune a calificar la crisis como una de las peores emergencias de salud pública en décadas.
Sin embargo, la ley no ha estado exenta de críticas. Organizaciones como la Leadership Conference on Civil and Human Rights advierten que las penas mínimas obligatorias «repiten los errores de la guerra contra las drogas», eliminando la discrecionalidad judicial y sin abordar las causas estructurales de la adicción.
También señalan, que estas políticas, han afectado desproporcionadamente a comunidades marginadas durante décadas.
CÁRTELES MEXICANOS
La producción ilegal de fentanilo ha sido atribuida por Washington a cárteles mexicanos, que utilizan precursores químicos provenientes de China.
La lucha contra esta droga se ha convertido en una prioridad política, especialmente para el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha presionado a México y Canadá para tomar medidas más contundentes.
Lo cierto, es que con esta nueva legislación, Estados Unidos busca enviar un mensaje claro: el tráfico de fentanilo no quedará impune.
