El juicio por el caso PDVSA-Cripto avanza en los tribunales venezolanos en medio de un cruce de acusaciones, donde los principales señalados intentan escudarse en la defensa de sus derechos humanos y denuncias en relación con presuntas fallas procesales.
Mientras figuras de alto perfil como el exministro de petróleo Tareck El Aissami alegan haber sufrido tratos crueles, y los exbanqueros Daniel y Carmelo De Grazia se autodenominan «presos políticos» tras la confiscación de sus bienes, la realidad golpea directamente al patrimonio público venezolano.
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Según cálculos de Ecoanalítica, para el informe Transparencia Venezuela, 16.960 millones de dólares le fueron desfalcados a la nación, en una trama que involucra alrededor de 65 personas.
El desglose del informe mencionado precisa que durante el 2020, de 5.800 millones de dólares transados, solo ingresaron al país 3.880 millones, dejando en el camino 2.000 millones de dólares.
El punto crítico de la operación ocurrió entre 2021 y 2022, un período en el cual se movilizaron 21.850 millones de dólares, de los cuales la trama financiera apenas reportó el ingreso de 8.910 millones, provocando la desaparición de la alarmante cifra de 12.890 millones de dólares que se quedaron en el camino o, según la acusación, terminaron en el banco de los De Grazia.
Asimismo, el esquema delictivo mantuvo su marcha hasta el primer trimestre de 2023, período en el cual se transaron 2.800 millones de dólares y apenas ingresaron 700 millones, dejando los últimos 2.100 millones de dólares en el limbo institucional.

¿QUÉ DICEN LOS ACUSADOS?
El Aissami, por ejemplo, señaló irregularidades en el proceso judicial. Los De Grazia, por su parte, han denunciado que le fueron confiscados sin orden judicial 28 vehículos, un yate, un avión privado «sin justificación contable» y una entidad financiera.
En medio de esos alegatos, el país terminó perdiendo más de la mitad de los recursos que se transaron en varias operaciones. Los mismos, que debieron significar dinero para la nación y la cobertura de sus necesidades, hoy no se sabe dónde están.
Hay diversos señalamientos en el manejo de esos recursos y todos coinciden en que terminaban en las arcas de la entidad financiera gerenciada por los De Grazia, señalados de ser, presuntamente, los artífices de la ingeniería financiera que hizo perder los recursos que habrían de podido invertirse en gasto social.
A medida que el juicio continúa su curso, los severos impactos de la trama PDVSA-Cripto se siguen resintiendo con fuerza en la deteriorada economía nacional.

