Ante la decisión de Delcy Rodríguez de ponerle fin a la ley de amnistía, muchas han sido reacciones que han cuestionado esta decisión. Las mayores incógnitas pasan por la forma tan repentina del anuncio y su falta de detalles.
Una de las primer reacciones surgió del periodista, Vladimir Villegas. «Yo me pregunto, esa decisión fue consultada con las ONG de DDHH, fue consultada con los integrantes de este programa de paz, cuántos ciudadanos van a dejar de recibir los beneficios de la ley de amnistía, hay garantía plena de que los tribunales van a procesar los casos que quedan pendientes que según las ONG serían alrededor de 500 o 600. ¿Qué pasa con los ciudadanos en el exterior que esperan con regresar a Venezuela y estaban pendientes de introducir sus casos para dentro de la ley de amnistía?».
«Podría ser realmente peligroso este anuncio, en vista de que hemos encontrado casos de contratiempos en tribunales para personas que han ido a solicitar la consideración de sus casos. Entonces, se abre un espacio de incertidumbre ¿Cuál era la prisa de ponerle fin a la ley de amnistía? Cuando sabemos lo complicado que es el proceso de reconciliación en un país como Venezuela», añadió Villegas.
LA LEY NO TIENE CADUCIDAD
El observatorio Acceso a la Justicia destacó que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no fija ningún límite temporal para que los beneficiarios soliciten la amnistía, ni mucho menos establece en su texto una fecha de vencimiento o caducidad.
«Así, se trata de una ley con vigencia indefinida en el tiempo, tal como está contemplado en la Disposición Final Única en la que se indica que el referido instrumento normativo entraría en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial, sin establecer expresamente límite alguno», indicaron.
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«Por ello, al no existir un término de caducidad o una cláusula de vigencia temporal (plazo determinado) dentro del cuerpo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, su derogación o pérdida de vigor solo puede ocurrir mediante otra ley de igual rango dictada por la Asamblea Nacional (AN), o por una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad de la Sala Constitucional (SC) del #TSJ, nada de lo cual ha ocurrido», explicó.
Por lo cual, señalaron que «en definitiva, al tratarse de una ley de vigencia indefinida, cualquier ciudadano que cumpla con los supuestos de hecho previstos en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debería poder invocar su aplicación hoy mismo, mañana o más adelante, mientras no se derogue por otra ley».
#AlertaLegal La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este #23abr el cierre del ciclo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática», publicada el pasado #19feb en la Gaceta Oficial n°. 6.990-E.
Rodríguez aseguró que la aplicación de la normativa ha… pic.twitter.com/f1qtbpmEtb
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 24, 2026
DECISIÓN UNILATERAL
Mientras tanto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón rechazó que Delcy Rodríguez pretende dar por concluido este instrumento de forma unilateral. «Representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico».
«Esta medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad. Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos», añadieron.
#ATENCIÓN El reciente anuncio sobre la finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de Derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 23, 2026
Asimismo, destacaron que el camino de la reconciliación no pasa por allí. «Una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden sacrificarse en el altar de la conveniencia política».
