Desde hace semanas el gobierno de Delcy Rodríguez ha anunciado créditos combinados con subsidios para las personas que perdieron sus casas en la tragedia de La Guaira. Sin embargo, la entrega de estos créditos que tienen características completamente inusuales para la política económica en Venezuela han sembrado muchas dudas entre las que destaca cómo va a hacer una familia que lo perdió todo para pagar una deuda por 25 años.
El economista Aarón Olmos explicó en entrevista para Caraota Digital que estos créditos no escapan de la propia dinámica económica del país que incluye inflación, brecha cambiaria y la unidad de valor de crédito que los bancos la han incorporado para hacerle frente a la pérdida del poder de compra del bolívar.
«El tema con esto es que cualquier persona que vaya a solicitar un crédito está sujeto en términos de pago a sus capacidades reales de ingreso, es decir ‘¿Qué tanto genero yo como para mi dinámica financiera poder garantizarle al banco el pago de cuotas?'», señaló.
En este sentido, hasta ahora el gobierno y las entidades bancarias han dicho públicamente que el único requisito es haber perdido la casa durante los terremotos. No obstante, no han precisado si evaluarán la capacidad de pago de cada persona.
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Olmos precisó que al igual que todos los créditos habría que evaluar si el beneficiado lo puede pagar. «La realidad de cualquier persona que solicite un crédito, cualquiera que sean las condiciones, es la posibilidad de pago que tiene en atención a la realidad nacional y sus niveles de ingreso. Si estamos hablando de un sector de la población que lo perdió todo, es estar en nada para moverte a una situación distinta, entonces el requerimiento de ingreso es increíble».
«Desde este punto de vista siendo personas que tienen una situación muy comprometida lo que se debería imponer es una disciplina financiera por parte de quienes adquieren estos créditos para garantizarle a los bancos el pago de esas cuotas en el tiempo correcto. El Ejecutivo está dando unas condiciones más que excepcionales, pero la intensión es que se tengan que pagar», concluyó.