El gobierno de EEUU anunció la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes nicaragüenses a partir del próximo 5 de julio.
Esta medida afectará a 2.925 beneficiarios activos que han dependido de este programa para residir y trabajar legalmente en el país.
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La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) marca el fin de una protección que ha estado vigente desde 1999, cuando fue otorgada tras el devastador huracán Mitch.
El TPS ha sido una herramienta clave para proporcionar estabilidad a miles de migrantes que, debido a crisis humanitarias en sus países de origen, no podían regresar de manera segura.
Durante más de dos décadas, los nicaragüenses bajo este estatus han contribuido a la economía estadounidense. De hecho, han ocupado puestos en sectores esenciales y enviando remesas a sus familias en Nicaragua.
Sin embargo, con la finalización del programa, estos migrantes deberán buscar alternativas legales para permanecer en el país.
El proceso de transición ya está en marcha. Desde noviembre de 2023, los beneficiarios han tenido la oportunidad de completar el Formulario I-821 para extender su estatus hasta la fecha límite.
A partir de julio, quienes no hayan encontrado otra vía de regularización podrían enfrentar la posibilidad de ser considerados indocumentados, lo que los expone a riesgos de deportación y pérdida de derechos laborales.
A pesar de la eliminación del TPS para Nicaragua, otros países latinoamericanos aún cuentan con esta protección. Haití, por ejemplo, tiene su TPS vigente hasta agosto de 2025, mientras que El Salvador mantiene su estatus hasta septiembre de 2026.
La incertidumbre sobre el futuro de estos programas sigue siendo un tema de debate en la política migratoria estadounidense, especialmente en un contexto de endurecimiento de las regulaciones.
Es por ello, que la decisión del DHS ha generado preocupación entre los afectados y defensores de los derechos de los migrantes.
Organizaciones promigrantes han instado al gobierno a considerar alternativas que permitan a los beneficiarios del TPS obtener un estatus legal permanente. Mientras tanto, los nicaragüenses afectados por esta medida enfrentan un futuro incierto y la necesidad de tomar decisiones cruciales sobre su permanencia en EEUU.
