Organizaciones de derechos humanos pidieron este miércoles, 15 de julio, ante representantes bipartidistas del Congreso de Estados Unidos, la urgencia de que Venezuela avance hacia una transición democrática, en medio de la crisis humanitaria, institucional y política que se agravó tras los fuertes terremotos del 24 de junio.
En una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos coincidieron en que cualquier proceso de transición debe garantizar la protección de las víctimas.
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También abogaron por la reconstrucción del Estado de derecho, participación de la sociedad civil y rendición de cuentas.
La abogada Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, reconoció que la excarcelación de presos políticos y la Ley de Amnistía representaron «un alivio». Sin embargo, advirtió que de 795 personas liberadas, solo una minoría obtuvo libertad plena, mientras 518 permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Durante su comparecencia Tineo presentó un balance técnico sobre la situación de los derechos humanos en los centros de detención en Venezuela.
Advirtió sobre graves vulneraciones a la integridad física y la salud de los detenidos, documentando la falta de atención médica y… pic.twitter.com/ZzbEvVh8hB
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 16, 2026
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, sostuvo que los terremotos abrieron una oportunidad para que Estados Unidos ayude a dar forma al futuro democrático del país. Siempre que la transición proteja a la sociedad civil, se centre en las víctimas y garantice la participación de las mujeres.
«El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso», afirmó. Esto, luego de señalar que el desastre también reveló la fortaleza de las organizaciones locales, líderes comunitarios y periodistas independientes. Destacó que todos se movilizaron para responder a la emergencia, pese a operar con recursos limitados y bajo un marco legal hostil.
Asimismo, Laura Cristina Dib, de WOLA, señaló que, pese a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el país sigue sin una transición democrática genuina.
Señaló que el mandato interino de Delcy Rodríguez expiró el 2 de julio sin que se convocaran elecciones. Y que además, cientos de personas continúan presas por motivos políticos y los tribunales y el Consejo Nacional Electoral siguen bajo control del chavismo.
Es por ello, que se instó al Congreso a pedir a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, medidas verificables. Tales como la liberación incondicional de los presos políticos. También la derogación de la ley anti-ONG y el acceso pleno de mecanismos internacionales de derechos humanos al país.
Isabel Carlota Roby, del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, cerró la audiencia al advertir que la catástrofe sísmica se sumó a una crisis ya grave y expuso la «incapacidad» de Delcy Rodríguez y sus funcionarios para atender las necesidades básicas de la población, lo que refuerza los argumentos a favor de una transición democrática pronta.
TERREMOTOS EN VENEZUELA
En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente al 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.
Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.
En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.
Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.