La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque el fallo judicial que bloqueó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600.000 venezolanos, un beneficio migratorio que les permite vivir y trabajar legalmente en la nación norteamericana y en medio de la emergencia humanitaria que atraviesa el país tras los terremotos del 24 de junio.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que ordene a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, reconsiderar su fallo de enero.
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Se argumentó que la reconsideración cobra importancia, dada la decisión emitida por la propia Corte Suprema de EEUU el pasado 25 de junio, cuando determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede poner fin al TPS para miles de migrantes haitianos y sirios.
En la petición, presentada el 9 de julio y registrada públicamente este lunes, el Gobierno argumentó que ese precedente reciente debe aplicarse también al caso de los venezolanos, por lo que solicitó devolver el expediente al tribunal de apelaciones para que reevalúe su decisión.
En enero, un panel de tres jueces del Noveno Circuito había concluido, por mayoría de dos votos contra uno, que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al revocar la extensión del TPS otorgada durante la administración del expresidente Joe Biden.
Antes de ese fallo, la Corte Suprema ya había permitido que la decisión de Noem entrara en vigor de manera temporal, mientras evaluaba si aceptaría revisar el caso.
La demanda que ahora busca revertir el Gobierno fue presentada por varios beneficiarios del programa y por la organización National TPS Alliance, que impugnaron la eliminación de las protecciones migratorias para los venezolanos.
El TPS es un mecanismo humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus naciones de origen impidan un retorno seguro, un criterio que cobra particular relevancia para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.
PETICIÓN DE LOS EXILIADOS
Es por ello, que exiliados venezolanos solicitaron a congresistas de Estados Unidos impulsar de manera urgente la designación de un nuevo TPS para sus compatriotas en este país ante la «grave emergencia» humanitaria causada por los dos poderosos terremotos que devastaron el país.
De acuerdo con El Nuevo Herald, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió a los congresistas James P. McGovern y Chris Smith, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso federal, gestionar el TPS.
En una carta dirigida a ambos legisladores, la organización detalló que los terremotos dejaron miles de muertos, heridos, damnificados y una destrucción masiva de infraestructura en varias regiones del país.
Asimismo, afirmaron que la capacidad del Estado venezolano para responder resulta claramente insuficiente frente a la magnitud del desastre.
Para Veppex, esa realidad agrava una crisis humanitaria, económica y política que se arrastra desde hace años, y convierte el retorno a Venezuela en una opción insegura para miles de connacionales que residen actualmente en Estados Unidos.
Por tales motivos, señalaron que «otorgar TPS sería una medida humanitaria coherente con la tradición estadounidense de protección temporal en casos de desastres naturales y crisis graves».
TERREMOTOS EN VENEZUELA
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance actualizado hasta este martes, 14 de julio. A casi tres semanas de la tragedia, la cifra de fallecidos llegó a 4.734, un aumento de 173 respecto al reporte del lunes.
La cantidad de personas rescatadas se mantuvo estable en 6.462, al igual que el número de heridos, que continúa en 16.740, mientras que los pacientes atendidos ascendieron a 33.652.
Rodríguez precisó además que las autoridades han brindado asistencia a 128.324 familias afectadas por los sismos. La cifra de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907.
En paralelo, 20.903 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno, un número que refleja la magnitud del desplazamiento provocado por el doble terremoto.