IPYS Venezuela envió una carta abierta al fiscal general Larry Devoe Márquez y a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, para exigir un rechazo público ante los «ataques contra el gremio periodístico».
En un comunicado, la organización demandó que ambos despachos cumplan con el mandato constitucional de proteger la libertad de expresión y el acceso a la información.
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El documento recordó que el pasado 9 de abril de 2026, fecha en que los funcionarios asumieron sus cargos, diversos policías agredieron a diez reporteros. Los comunicadores sufrieron los ataques mientras cubrían una movilización ciudadana que exigía salarios dignos frente a la sede del Poder Ejecutivo.
La misiva de IPYS Venezuela recalca que estos nombramientos ocurren durante una «crisis profunda de la institucionalidad» en el país. Por esta razón, la organización advirtió que la ciudadanía y la comunidad internacional vigilan que las nuevas autoridades actúen con verdadera autonomía y apego a las leyes.
IPYS VENEZUELA DENUNCIA «PATRÓN DOCUMENTADO DE ATAQUES»
El texto sostiene que estas agresiones físicas no constituyen eventos fortuitos o aislados dentro del panorama nacional. IPYS Venezuela denuncia que los ataques forman parte de un «patrón documentado» y de una «política sistemática de hostigamiento dirigida contra la prensa independiente».
La organización enfatizó que el fiscal posee la obligación legal de asegurar el respeto a los derechos ciudadanos. De igual manera, señaló que la falta de castigo para los responsables directos solo logra incentivar la repetición de crímenes contra quienes ejercen la labor informativa.
En consecuencia, el organismo instó a las autoridades a iniciar investigaciones de oficio contra los funcionarios policiales plenamente identificados en los hechos del 9 de abril. La solicitud incluye la aplicación de sanciones proporcionales que reflejen la gravedad de lo acontecido.
Asimismo, el IPYS exhortó a la Defensoría del Pueblo a que active de inmediato los mecanismos de protección para los diez comunicadores agraviados. La organización pidió que esta instancia «emita recomendaciones estrictas» a los cuerpos de seguridad para prevenir futuros episodios de violencia institucional.
