La Asamblea Nacional anunció este martes la comisión especial que se hará cargo de redactar el proyecto de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, informó de la comisión durante la sesión ordinaria, desde el Palacio Federal Legislativo. Se trata de una fase crucial para avanzar en la «reforma parcial» de esta ley.
«Nosotros vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado Comisión Especial de Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», dijo.
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
- Pedro Infante (presidente).
- Jorge Arreaza.
- América Pérez.
- Carolina Carreño.
- Willy Medina.
- Tania Díaz.
- Jason Guzmán.
- Nicolás Maduro Guerra.
- Amelia Belisario.
- Luis Romero.
- Rubén Limas.
Rodríguez pidió a los integrantes de la comisión que «se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley». No aclaró cuándo será llevado este documento a la plenaria en la AN.
DELCY RODRÍGUEZ DEFENDIÓ LA REFORMA
Rodríguez solicitó esta mañana la reforma para «avanzar en la despenalización de los tipos penales». La medida forma «parte de las acciones (…) para transformar el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática», según el comunicado.
Poco después, Rodríguez encabezó una actividad con el sector agropecuario en el estado Portuguesa y defendió la reforma legal. «Lamentablemente, fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo de esa ley», reconoció.
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La Asamblea Nacional 2015 consideró positiva la modificación de la Ley contra el Odio, aunque alertó que aún permanecen vigentes otras normas y mecanismos que «han sido utilizados con fines represivos». Ademá, recordó el anuncio se dio en el marco del diálogo con el gobierno nacional.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y organizaciones de derechos humanos exigieron la derogación de la ley. Desde el gremio periodístico alertaron que tiene un «carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales».