En los penales del país han ocurrido al menos 24 masacres, desde el 2011, en las cuales murieron 397 personas y más de 600 resultaron heridas. Así lo dio a conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en un informe publicado en su página web.
La ONG informó que, de estos 397 fallecidos, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes y dos custodios penitenciarios. A ellos se sumaron tres funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El observatorio indicó que 19 de esas masacres sucedieron durante la gestión de Iris Valera al frente de la cartera penitenciaria. Una cuando Mirelys Contreras estaba en el cargo y dos durante el mandato de Celsa Bautista. Mientras que la más reciente ocurrió 2026, bajo la administración de Julio García Zerpa.
LAS MÁS VIOLENTAS
La ONG documentó que, del total de masacres, la registrada en el Centro Penitenciario Región Andina (CEPRA), en el año 2012, derivó en la muerte de 22 presos. Ese año también fallecieron 26 reclusos en Yare I y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.
Posteriormente, en el 2013, un conteo y una requisa controlada en el Centro Penitenciario Uribana estado Lara, se convirtió en una de las mayores tragedias en la historia carcelaria. Allí murieron 65 personas, entre ellas un funcionario de la GNB y dos pastores evangélicos.
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En el 2014, habilitaron la cárcel de Uribana bajo un nuevo nombre: Centro Penitenciario David Viloria. Los presos protestaron por maltratos y mala alimentación y asaltaron la enfermería. También hicieron una bebida con la que murieron 48 reclusos y se intoxicaron otros 145.
En el 2016, una explosión de una granada en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), dejó 12 muertes. Y en el 2017, un motín que se registró en Puente Ayala, estado Anzoátegui, dejó un saldo de 15 fallecidos.
Ese mismo año, durante una intervención, por parte del ministerio, en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja), murieron 39 reclusos.
Mientras que, en el 2018, en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, murieron 11 personas. En esa oportunidad fallecieron nueve internos y dos funcionarios del ministerio.
Otra de las masacres más sangrientas ocurrió en el 2020, tras una protesta por la suspensión del pase de paquetería en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en el estado Portuguesa. En este penal asesinaron a 49 reclusos y más de 70 resultaron heridos. El hecho terminó con el desalojo del penal.
En el 2023, durante la intervención del Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fallecieron 11 personas privadas de libertad. Mientras que el operativo en el Centro Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, ocasionó la muerte de cinco reclusos.
El OVP registró una masacre este 2026, en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. Luego de una protesta cinco reclusos fueron asesinados.
SIN INVESTIGACIÓN
Aunque tras estos hechos sangrientos las autoridades anunciaron investigaciones, se desconocen los resultados y los responsables, dijo el OVP.
La organización aseguró que el Gobierno “se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal. Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades que pase un arma a un penal”.
Destaca el observatorio que “no todas las muertes ocurrieron en manos de los mismos internos. Las mayores masacres, e incluso las últimas, ocurrieron luego de protestas ante la vulneración de los derechos de los privados de libertad”.
El OVP denunció que tampoco hubo investigación para los funcionarios que, presuntamente, cometieron estas muertes.
“Estos hechos violentan la Constitución venezolana, que exige un sistema que garantice los derechos humanos. El OVP considera que, tras 15 años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no solo se violan las leyes venezolanas, también las Reglas Mandela y otros estándares internacionales. Se cometen crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben y deben ser investigados y juzgados”, sentenció la ONG.