La exmagistrada y exvicepresidenta de la sala político-administrativa del TSJ, Bárbara César Siero, denunció una serie de delitos cometidos por las autoridades del Estado en contra de ella y su familia para que firmara la inhabilitación de la líder de la oposición María Corina Machado.
«Desde el primero al 15 de diciembre de 2023 diversos políticos de oposición interpusieron sus demandas ante dicha sala el 15 de diciembre de 2023, vencido el lapso de interposición de demandas previsto en el procedimientos para la revisión de medidas de inhabilitación del acuerdo de Barbados, la ciudadana María Corina Machado, representada por su abogado Perkins Rocha fue la última en interponer su demanda», relató.
Bárbara César Siero denunció que en ese momento comenzó su pesadilla. «Paralelamente, ese mismo día mis hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor del Ejército Guillermo Henry César Siero y mi cuñada, la mayor del Ejército, Diana Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la DGCIM. Desde ese momento no supe donde se encontraban».
«A partir de ahí mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la sala Político-Administrativa, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos a las elecciones», señaló.
«El 16 de diciembre de 2023 me comuniqué telefónicamente con la presidenta del TSJ y con el fiscal general de la República, con la finalidad de denunciar ante ellos lo que estaba ocurriendo», continuó.
Asimismo, sostuvo que intentaron agotar todas las herramientas disponibles. «El 18 de diciembre de 2023 mi padre y yo acudimos al ministro de la Defensa con la intensión de hablar con él para que nos informara sobre nuestros familiares, él manifestó desconocer el lugar donde estaban detenidos».
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«El 19 de diciembre la Sala Político-Administrativa se pronunció sobre la admisibilidad de la demanda y sobre la solicitud de amparo cautelar de María Corina Machado, el presidente y la secretaria consideraron unilateralmente, requerir a la Contraloría General de la República, la remisión del expediente administrativo, sin tomarnos en cuenta a los otros dos magistrados que integrábamos la sala», acotó.
«El 21 de diciembre de 2023 la Contraloría General envió a la sala Político-Administrativa la documentación requerida sobre la inhabilitación de María Corina Machado. El 22 de diciembre, a una semana de la detención de mis familiares, se presentó a mi despacho la abogada asistente de la Sala Político-Administrativa con la finalidad que me entregara las decisiones para que las firmara sin seguir los procedimientos regulares. Ella no se retiró y se quedó esperando hasta que las firmara. Teniendo a mis hermanos y mi cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas y las de mis demás familiares, procedí a firmarlas», agregó.
CASO BRAZALETE BLANCO
La exmagistrada aseguró que desde la detención de sus hermanos el gobierno elaboró toda una trama para inculparlos. «El 22 de enero de 2024, después de 38 días de las detenciones arbitrarias, el fiscal general los involucró públicamente en la supuesta operación Brazalete Blanco, dada a conocer en una rueda de prensa. Manifestó una fecha de ocurrencia de los hechos la cual no concuerda con la fecha de detención de mis hermanos. Esos hechos no ocurrieron, ni esos delitos. No hubo fallecidos, ni heridos, ni disturbios, no hubo robo de armas en cuarteles, simplemente los hechos no ocurrieron. Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y enviar un mensaje subliminar a los jueces integrantes de la FANB».
«Esa misma noche la presidenta del TSJ me exigió la renuncia a la cual me opuse. Alegué que de existir alguna razón me destituyera. Me respondió que tenía que renunciar porque me podía ir peor, pero me negué. Posteriormente, se hizo acompañar por el primer presidente del organismo para que la apoyara a forzarme, ofreciendo que sería tramitada mi jubilación», sostuvo.
«Después de varias horas me vi obligada a subir a mi despacho con la finalidad de redactar una carta donde me separaba temporalmente del cargo para no entorpecer la investigación relacionada con mis hermanos. Al recibir la carta me exigió que no mencionara a mis hermanos, por lo que tuve que subir nuevamente a modificarla. Finalmente tuve que entregar la renuncia en contra de mi voluntad», añadió.
NO ACEPTARON SU RENUNCIA
Pese a todo lo anterior narrado, finalmente no aceptaron su renuncia. «El 23 de enero la presidenta del TSJ me indicó que continuara trabajando, que no había procesado mi renuncia y que me hiciera ver para contrarrestar las noticias que ya se corrían sobre mí en redes sociales».
«Se realizó el acto de apertura del año judicial y no asistí. El primer vicepresidente del TSJ subió un día antes a mi despacho para informarme que no podía asistir porque estaría presente el presidente de la República», señaló.
«El 5 de febrero me reuní con la presidenta del TSJ, quien en presencia de la segunda vicepresidenta, me exigió nuevamente que renunciara a mi cargo, viéndome forzada a entregar la renuncia por segunda vez», manifestó.
DENUNCIA DE LO OCURRIDO
Bárbara César Siero contó que no denunció lo sucedido anteriormente porque aún estaba en marcha el juicio. «El 1 de octubre de 2026, la juez del Tribunal Tercero de Juicio condenó a mi hermano Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por el delito de conspiración política. A mi hermano Guillermo Henry César Siero a tres años por encubrimiento y a mi cuñada, la mayor del Ejército, Diana Justo, a tres años por el mismo delito».
«Lo vivido por mi familia y por mí demuestran de forma contundente como el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles e inhumanos como una ruin herramienta de coacción y chantaje político. La vida de mis seres queridos se usó como rehenes para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país», afirmó.
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«Mi caso evidencia que en Venezuela no existe autonomía, ni independencia judicial, ni debido proceso. La operación Brazalete Blanco fue denominada así por el régimen. No fue más que un libreto fabricado para perjudicar a mi familia y a muchas otras y enviar un mensaje de terror», continuó.
Para finalizar responsabilizó a todas las personas que denunció por lo que pudiera sucederle o a su familia. «Hago esta denuncia pública para dejar constancia histórica de la verdad y exigir el cese definitivo de la persecución contra mi familia y reclamar la plena libertad que nos han arrebatado. Hago responsable de manera directa y categórica al Estado venezolano, a las personas que ejercieron los cargos mencionados, a los funcionarios del DGCIM que estuvieron a cargo de la trama operación Brazalete Blanco y a su superioridad en el momento del inicio de la misma, de cualquier atentado, amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño a la integridad física, psicológica y patrimonial que pueda sufrir cualquier miembro de mi núcleo familiar y mi persona», concluyó