EFE.- El líder opositor Edmundo González Urrutia consideró este jueves que la nueva acusación de conspiración para cometer torturas contra el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, «pone en primer plano» las «graves» violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
A través de X, recordó que la Misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela -cuyo mandato fue renovado hace días por la ONU- ha documentado las «violaciones sufridas por miles de venezolanos» e identificado «patrones de represión».
Para el líder opositor -quien se encuentra exiliado en España desde 2024 al considerar que corría peligro en Venezuela tras afirmar que venció a Maduro en las presidenciales de ese año-, las víctimas tienen derecho a recibir justicia y reparación, y «todos los responsables, sin excepción, deben rendir cuentas».
El pronunciamiento de González Urrutia se da luego de que la Justicia de Estados Unidos acusara este jueves a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía los acusa de realizar una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder.
En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Estos tres casos se remontan a 2022 hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EE.UU. arrestaron al entonces líder venezolano en Caracas.
En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.
Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York.
El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Flores para quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que enfrenta en Estados Unidos.
La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.
González Urrutia afirmó este jueves que «quienes enfrentan estas acusaciones reclaman garantías judiciales, condiciones de detención adecuadas y el respeto de sus derechos», algo que, añadió, «durante años les fueron negados a miles de venezolanos».
La nueva acusación presentada por la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en actos de tortura, pone en primer plano las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.
Hace apenas unos días, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Su trabajo ha permitido construir una memoria documentada de las violaciones sufridas por miles de venezolanos, identificar patrones de represión y contribuir a establecer responsabilidades.
La continuidad de esa labor es indispensable. La verdad debe conocerse, las víctimas tienen derecho a justicia y reparación, y todos los responsables, sin excepción, deben rendir cuentas.
Hay una reflexión que tengo muy presente. Hoy, quienes enfrentan estas acusaciones reclaman garantías judiciales, condiciones de detención adecuadas y el respeto de sus derechos. Son derechos que durante años les fueron negados a miles de venezolanos. La vida es así.
El Estado de derecho se demuestra cuando somos capaces de garantizar a todos los derechos que exigimos para nosotros mismos. Los privilegios son transitorios, pero los derechos deben ser permanentes. Esa es una lección para todos.
Venezuela necesita instituciones que protejan la dignidad humana, investiguen los abusos y garanticen que nunca más se utilice el poder para perseguir, torturar o vulnerar los derechos de las personas.
— Edmundo González (@EdmundoGU) October 8, 2026