EFE.- El Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo este martes que el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lleva a cabo el Parlamento debe ir acompañado de cambios estructurales en el sistema de justicia, lo que incluye la reforma o derogación de leyes y el desmontaje del «aparato represivo» en el país.
«De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas», subrayó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.
En un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, Himiob afirma que el sistema de justicia de Venezuela ha sido «sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos», pero no así para «atender a las necesidades de la ciudadanía».
Por tanto, aboga por reconstruir el sistema «desde sus mismas bases» y esto pasa, según sus palabras, porque el TSJ esté «integrado por personas en las que la ciudadanía confíe».
Reforma al Código Penal
Además, apuestan por reformar el Código Penal venezolano -que considera «anacrónico» y un instrumento que «no sirve a las necesidades de la población»- y también leyes que de «alguna manera han servido como instrumentos para la persecución política».
A su lado, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, subraya que el sistema judicial en el país «todavía sigue siendo un instrumento de persecución política» y es «parte de la maquinaria represiva».
«Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes», afirmó.
El pronunciamiento de Foro Penal se da en medio de un proceso en el que el Parlamento, controlado por el chavismo, lleva a cabo la selección de 12 miembros de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ.
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En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales.