El director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, insistió en la necesidad de derogar la Ley contra el Odio, alegando que se trata de una legislación que «no es útil» y es «innecesaria» en el país.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió una «reforma parcial» de la ley y la Asamblea Nacional comenzó este mismo martes el proceso. Sin embargo, Correa sostuvo que esta medida no es suficiente.
«Básicamente, (la ley) es una definición vaga e imprecisa de los presuntos delitos, penas muy fuertes, penas muy duras», dijo Correa en Noticiero Venevisión. «Una expresión de odio tiene una pena más fuerte que un homicidio», acotó.
Ante este escenario, Correa consideró que «estamos hablando de una ley que no es útil. Además, es una ley innecesaria». En tal sentido, recordó que este tipo de medidas buscan frente «dinámicas de discriminación profundas», pero «nunca para proteger o hablar del discurso político».
«En Venezuela está incorporado el discurso político y eso hace que esta ley no sea necesaria. Ese es el primer elemento. Porque, en definitiva, los delitos que se pretenden perseguir ya están en el Código Penal», aseveró.
CORREA: «LO QUE GENERA ES MIEDO»
Tras exigir la derogación de la ley, Correa sostuvo que la Ley contra el Odio y otras legislaciones semejantes han «montado una suerte de arquitectura legal que lo que genera es miedo. Y el miedo no es lo que necesitamos».
«Nosotros lo que necesitamos es confianza. Es decir, que yo pueda de alguna manera expresarme y formular críticas», acotó Correa. «Una ley no determina el comportamiento ético; lo que define es lo que es delito», sentenció.
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Las declaraciones de Correa se dieron unas horas después de que la Asamblea Nacional iniciara el proceso de reforma de la Ley contra el Odio. Asimismo, se designó una comisión especial para redactar la legislación.
Delcy Rodríguez, presidenta interina, defendió la reforma, alegando que la ley «fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo». Según un comunicado oficial, la medida busca «transforma el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática».