El devastador doble terremoto del pasado 24 de junio dejó a más de 20.000 personas damnificadas. Ante este escenario, el gobierno nacional promueve reformas legales para facilitar el acceso a viviendas y hacer frente a la crisis habitacional.
La Asamblea Nacional puso en marcha una reforma a Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y se esperan otras modificaciones legales. Sin embargo, la ONG Cedice alertó a Infobae que estas medidas no son suficientes.
Aunque Cedice considera que se dio «un avance respecto al régimen de 2011», alertó que la ley permanece vigente, al igual que el decreto contra los desalojos. «Hay una dualidad jurídica que condena al congelamiento y la informalidad al stock de viviendas actual», dijo.
«La reforma debe derogar de inmediato el régimen anterior y unificar el mercado bajo reglas claras de juego», apuntó Cedice en un informe. Igualmente, apuntó que la propuesta parlamentaria puede tener algunos aspectos positivos.
«Reconoce la autonomía de la voluntad, permite pactar el canon inicial, admite garantías y elimina, para los contratos nuevos, el procedimiento administrativo previo como condición general de acceso a la justicia», señaló Cedice.
CRÍTICAS DE CEDICE
Por otra parte, la ONG advirtió que la «libertad contractual anunciada es parcial y contradictoria». Esto se debe a que «el canon queda congelado durante toda la vigencia», a lo que se suma un techo fijado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
«La propuesta no contiene un verdadero procedimiento de recuperación del inmueble», añadió Cedice. En tal sentido, insistió en que «la reforma debe separar política social y contrato privado», que pidió medidas públicas a favor de los damnificados.
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«El factor determinante y ausente es el crédito bancario, el cual ha sido pulverizado por la política monetaria de encaje legal marginal, que al absorber la liquidez del sistema financiero impide a los bancos cumplir con su función de intermediación», acotó Cedice.
La ONG concluyó que «el país no necesita una ley de emergencia aislada». Al contrario, sostuvo que la «verdadera reactivación inmobiliaria requiere desmantelar los controles que han destruido la confianza y el financiamiento».