Los herederos de Oswaldo Cisneros denunciaron que el gobierno venezolano confiscó de forma irregular los derechos de perforación petrolera de su empresa DP Delta Finance BV y los transfirió a la estadounidense Pacific Coast Energy Co.,
De acuerdo con lo reseñado por Bloomberg, la compañía, dirigida por la viuda y los herederos del magnate, calcula que el Estado le adeuda US$2.000 millones.
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Juan Domingo Alfonsi, asesor jurídico de DP, responsabilizó en un comunicado directamente al Ministerio de Petróleo venezolano de la confiscación, al señalar que fue esa cartera la que inició el proceso de revocación de los activos.
En este sentido, DP exige la restitución de los derechos y afirma que fue «despojada» de sus activos y del control operativo mediante un mecanismo de «sanciones arbitrarias».
El Ministerio de Petróleo de Venezuela, conocido oficialmente como Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, «inició la revocación y es responsable de la confiscación», recaldó Alfonsi.
Los activos, que incluyen una participación en los derechos de perforación en la región del Cinturón del Orinoco, rica en petróleo, fueron revocados por el gobierno a principios de este año. Así lo informó el mismo medio el mes pasado.
La participación de DP en la empresa conjunta Petrodelta, junto con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), le otorgaba derechos de perforación y explotación hasta el año 2042, según un comunicado con fecha del 15 de agosto.
«INCUMPLIÓ PLANES DE INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN»
Asimismo, se indicó que, según dos personas con conocimiento de la situación y documentos, el gobierno revocó esos derechos tras determinar que la empresa conjunta incumplió sus planes de inversión y producción.
DP sostuvo que Petrodelta produjo 12 millones de barriles de crudo, valorados en US$700 millones. Y, además, prestó servicios por US$100 millones que no fueron cancelados hasta marzo. Ni el Ministerio de Petróleo ni Pacific Coast respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.
El reclamo se conoce mientras la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrenta presión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, para abrir el sector energético a más empresas de ese país.
Es por ello, que Venezuela reformó recientemente su legislación petrolera. Todo con el objetivo de atraer inversión extranjera y se espera que firme nuevos contratos de perforación en las próximas semanas.