En mayo, las autoridades de EEUU llevaron a cabo una operación de gran escala en Massachusetts, resultando en la detención de 1.461 migrantes indocumentados.
La acción, denominada Operación Patriot, se centró en la lucha contra el crimen organizado transnacional y las bandas criminales.
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Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la mayoría de los detenidos tenían antecedentes penales significativos en EEUU o en el extranjero.
«Hoy anunciamos la detención de casi 1.500 extranjeros ilegales en los últimos treinta días. Así, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la seguridad pública y nacional de nuestras comunidades», expresó este lunes, 2 de junio, durante una rueda de prensa –en Boston– el director en funciones de ICE, Todd Lyons.
Las autoridades han destacado que entre los arrestados se encuentran individuos acusados de delitos graves como asesinato, violación, tráfico de drogas y abuso infantil.
Además, se identificó la presencia de miembros de bandas criminales transnacionales, lo que refuerza la narrativa oficial de que estas redadas buscan garantizar la seguridad pública.
ICE señaló que 277 de los detenidos ya tenían órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración.
Lyons apuntó en la conferencia que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) seguirán «combatiendo a los delincuentes». También a las «organizaciones transnacionales que envenenan nuestras comunidades, explotan a nuestros niños y los convierten en víctimas».
El impacto de la operación ha generado reacciones diversas. Mientras algunos sectores apoyan la medida como un esfuerzo por combatir el crimen, otros han expresado preocupación por el trato a los migrantes y la falta de transparencia en ciertos casos.
Un ejemplo es la detención de Marcelo Gomes. Se trata de un estudiante de 18 años, quien emigró desde Brasil a EEUU cuando tenía cinco años. Sin embargo, su paradero ha sido cuestionado por la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.
Este operativo se produce en un contexto de cambios en la política migratoria estadounidense. Recientemente, la Corte Suprema de EEUU anuló una orden temporal que impedía la revocación del «parole humanitario» concedido por la administración de Joe Biden. Esto, ha generado incertidumbre entre las comunidades migrantes, que enfrentan un panorama cada vez más restrictivo.
La Operación Patriot refleja la creciente presión sobre la inmigración en EEUU, con medidas cada vez más agresivas para controlar el flujo de personas sin documentos.
Sin embargo, el debate sobre los derechos de los migrantes y la necesidad de una reforma migratoria sigue vigente.
