La jueza federal Indira Talwani ordenó la suspensión inmediata y provisional de la medida adoptada por el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, que buscaba eliminar los beneficios de los permisos humanitarios concedidos a migrantes bajo el ‘parole humanitario’.
Este fallo representa un revés para las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración Trump, que buscaba restringir el acceso a estos beneficios migratorios.
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El ‘parole humanitario’ ha sido una herramienta clave para proteger a personas provenientes de países en crisis, como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Bajo este programa, los migrantes pueden ingresar a EEUU con el respaldo de patrocinadores ciudadanos o residentes permanentes.
La suspensión de estos permisos habría dejado a miles de personas en una situación de incertidumbre, sin posibilidad de trabajar legalmente ni de regularizar su estatus migratorio.
La jueza Talwani argumentó que la cancelación del programa sin una revisión individual de cada caso no cumple con los estándares legales.
¿CUÁL ES BENEFICIO DEL FALLO?
Su fallo obliga al gobierno a reanudar el procesamiento de solicitudes de migrantes, que ya habían sido admitidos bajo el ‘parole humanitario’.
Es importante tener en cuenta que el ‘parole humanitario’ solo otorga un permiso temporal de estancia por dos años. Durante ese tiempo, los beneficiarios deben gestionar un cambio a otro estatus migratorio más permanente, como el asilo.
De no hacerlo, al finalizar el plazo, estarán obligados a salir del país o enfrentar un proceso de deportación iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
José Guerrero, abogado de inmigración, explicó a Univision que, a partir de la orden de Taiwani, el gobierno debe reanudar el análisis de las aplicaciones migratorias presentadas por los beneficiarios de los programas humanitarios.
Sin embargo, la decisión es temporal y podría ser impugnada en instancias superiores, lo que mantiene en vilo a los beneficiarios del programa.
El impacto de esta orden judicial es amplio. Según estimaciones, cerca de 900.000 migrantes podrían verse favorecidos, incluyendo 240.000 ucranianos admitidos bajo el programa ‘Uniting for Ukraine’ y más de 530.000 haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses que ingresaron con patrocinadores estadounidenses.
La medida también afecta a niños centroamericanos que buscan reunirse con sus familias en Estados Unidos.
A pesar de este alivio temporal, el futuro del ‘parole humanitario’ sigue siendo incierto.
Especialmente, porque la administración de Trump busca acabar con el programa por medio de una apelación en la Corte Suprema de EEUU, que falló a su favor en el caso del TPS para los venezolanos. Mientras tanto, los migrantes beneficiados por el programa deben actuar con rapidez para regularizar su estatus antes de que nuevas medidas puedan revertir el fallo.
